DS(P) nº 5/6 del 23/9/2003

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Sí, Señorías. Se abre la sesión. Antes de entrar en el Orden del Día del Pleno, esta Presidencia... -Señorías, silencio, por favor- esta Presidencia va a proceder a llamar al nuevo Procurador proclamado electo que hoy se sienta en esta Cámara.

¿Está presente don Ángel Nazario Barrio Arribas, Procurador electo por la provincia de Burgos, que sustituye a doña Magdalena María González de la Red?

Don Ángel... Nos ponemos en pie, Señorías. ¿Don Ángel Nazario Barrio Arribas juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

EL SEÑOR BARRIO ARRIBAS:

Sí, juro.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

De acuerdo con el Artículo 5 del Reglamento de esta Cámara, proclamo que don Ángel Nazario Barrio Arribas ha adquirido la plena condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León. Ruego se acerque a esta Presidencia para que le hagan entrega de la medalla. (Aplausos). Señorías, silencio.

Por el señor Secretario se procederá a dar lectura del primer punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día: "Informaciones y preguntas orales de actualidad".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Pregunta de Actualidad del señor Procurador don Antonio Losa Torres. Tiene la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. La Pregunta formulada pretende conocer las razones de la Consejera de Medio Ambiente que justifican que el espacio natural protegido Babia-Luna vaya a ser declarado como paisaje protegido.

Sin duda, el tema objeto de esta Pregunta es de gran interés para los ciudadanos de Castilla y León, señora Consejera; pero también lo es el conocer el contenido de los acuerdos entre el Presidente de la Junta de Castilla y León y el Presidente del Gobierno de la Nación.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Procurador, le llamo a la cuestión.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

El conocimiento por la Cámara de esta última cuestión ha sido impedido, una vez más, por los votos del Partido Popular, despreciando las atribuciones de control de la acción política del Gobierno que el Estatuto de Autonomía...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Procurador...

EL SEÑOR LOSA TORRES: ...

. atribuye a las Cortes de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. le pido que no haga digresiones en una pregunta oral. Es contrario al Reglamento. Y me veo obligado a llamarle a la cuestión. Entiendo que habrá otros métodos, pero la pregunta... cíñase al texto de la Pregunta, si quiere seguir en el uso de la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Señor Presidente, estoy en el texto de la Pregunta.

En consecuencia, señor Presidente de las Cortes, en consecuencia, y como signo de protesta, quiero retirar la presente Pregunta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Se entiende que no ha formulado su Pregunta. Pregunta de Actualidad del señor Procurador don Francisco Ramos Antón. Tiene la palabra.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Gracias, señor Presidente. Esta Pregunta pretende conocer cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León sobre la pertenencia o no de las distintas ciudades de nuestra Comunidad al club de las grandes ciudades, que se... cuyas condiciones se están debatiendo en estos momentos en el marco de la Ley de Grandes... de la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local en el Congreso de los Diputados.

Sin duda, este es un elemento más que se cierne sobre... de incertidumbre que se cierne sobre el futuro del Gobierno de las ciudades de Castilla y León, y que por importancia es probable que haya sido abordado en el debate... en los acuerdos entre el Presidente Aznar y el Presidente Juan Vicente Herrera en su reciente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Procurador, le llamo de nuevo a la cuestión.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN: ...

. en su reciente entrevista.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

No voy a consentir que haya digresiones en cada una de las preguntas. Si esa va a ser la tónica, usted sabe que el artículo correspondiente impide que usted haga digresión en la pregunta.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Dado que...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Yo le pido que se ciña a la cuestión.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Gracias, señor Presidente. Dado que la mayoría del Partido Popular ha impedido conocer si esta cuestión de singular importancia ha sido incluida dentro de ese debate, le ruego al señor Presidente que dé por retirada mi Pregunta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

(Intervención sin micrófono).

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ:

Sí, señor Presidente. La Pregunta que formulábamos:

Se ha cerrado una residencia de personas mayores en la localidad de Guardo. Este es un tema muy importante, sumamente importante, y preocupante para todos los ciudadanos de Guardo y de la provincia de Palencia.

Como muy importante, ¿eh?, son las cuestiones... que también importan a todos los castellanos y leoneses de las cuestiones que se han planteado entre el Presidente Herrera y el Presidente Aznar. Como...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Doña Begoña le llamo de nuevo a la cuestión y le pido que no haga digresiones.

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ:

Sí, señor Presidente; sí, señor Presidente. Termino. Como se ha vetado en este Parlamento, en esta Cámara, por primera vez, que se debata sobre temas trascendentales, me obliga a retirar mi Pregunta. Gracias, señor Presidente. A mí no me hace ninguna gracia y creo que debían de meditar lo que han hecho el Grupo Popular. (Aplausos).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Cuarta Pregunta de Actualidad, del señor Procurador don Ignacio Robles García.

EL SEÑOR ROBLES GARCÍA:

Sí, señor Presidente. La Pregunta formulada era para conocer la situación real del colegio público Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos. Pero el veto impuesto por el Partido Popular a cuestiones trascendentales...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo al orden... le llamo a la cuestión.

EL SEÑOR ROBLES GARCÍA: ...

. me obliga a retirar la Pregunta. Retiro la Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

La reiteración de las digresiones empiezan a ser para mí un problema de todo el Grupo. Y, entonces, no será llamar a la cuestión, puede ser llamar al orden. Le pido que se atengan al texto de la pregunta.

EL SEÑOR ROBLES GARCÍA:

Retiro la Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Quinta Pregunta de Actualidad. Señor Procurador don Pascual Felipe Fernández Suárez tiene la palabra.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. La Pregunta que yo iba a realizar pretende conocer las previsiones financieras del nuevo sistema de financiación a la vista de la evolución negativa que estos últimos años hemos tenido del Producto Interior Bruto, de la recaudación del IRPF y la disminución de la población.

De estos temas yo pensaba que el Presidente de la Comunidad tendría que decir algo, a la vista de algunas publicaciones en los medios de comunicación, pero dado que ha sido vedado a la Oposición el derecho a hacer este tipo de preguntas...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señoría, le llamo por primera vez a la cuestión.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ: ...

. retiro mi Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Sexta Pregunta de Actualidad. Tiene la palabra la Procuradora doña Elena Pérez Martínez para formular su Pregunta. Silencio, por favor, Señorías.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días. Llevo nueve años casi en esta Cámara. Nunca había vivido una situación tan dictatorial como la que estamos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le ruego que se ciña...

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ...

. pasando el Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señora Procuradora, le ruego que se ciña a la Pregunta. Y le llamo a la cuestión por primera vez.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Queríamos saber... quiero saber, señor Presidente, si el suelo de Defensa se va a utilizar para la especulación y este Gobierno lo va a permitir.

Pero como ya sabemos que el seguidismo de este Gobierno...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión por segunda vez.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ...

. con los métodos dictatoriales del señor Aznar -y en este tema también-, por lo tanto, retiro mi Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Si le llamo por tercera vez, le quito la palabra. No la he llamado. Es evidente. La he advertido que era la segunda vez.

Pregunta de Actualidad del señor Procurador don José María Rodríguez de Francisco. Está ausente. Se entiende que decae, al amparo del Artículo 74.

Octava Pregunta de Actualidad. Señora Procuradora doña Ana Sánchez Hernández, tiene la palabra.

LA SEÑORA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Mi Pregunta es en relación al Museo Etnográfico de Castilla y León y a los últimos sucesos acaecidos. Quisiéramos saber si de una forma real se va a poner en marcha ya, y queríamos concreción por parte de la señora Consejera de Cultura.

Y todo esto en el ejercicio de mis funciones de control al Gobierno de la Junta de Castilla y León; ejercicio del control que ustedes, en un asalto, en un fraude de democracia...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión.

LA SEÑORA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: ...

. me han hurtado.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señora Procuradora, le llamo a la cuestión por primera vez.

LA SEÑORA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ:

Por tanto, por tanto, y apelando a ese fraude a la democracia por parte del Partido Popular, retiro mi Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Habiendo acabado el turno de Preguntas de Actualidad, pasamos al segundo punto del Orden del Día. Por el señor Secretario se procederá a dar lectura del segundo punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Segundo punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta oral ante el Pleno".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Primera Pregunta con Respuesta Oral del Procurador don Manuel Fuentes López, relativa al Programa Madrugadores en centros de Zamora, Benavente y Toro. Tiene la palabra.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. La Pregunta que he presentado se refiere -como usted mismo ha dicho- al Programa Madrugadores. Y hago la siguiente formulación:

¿En qué centros de Zamora, de Benavente y de Toro va a ponerse en marcha el Programa Madrugadores en jornada de tarde el próximo curso? A una semana del comienzo de las clases este Procurador no entiende cómo ni los padres, ni los Consejos Escolares, ni los equipos directivos tienen ninguna información sobre si se va a contar o no se va a contar con este servicio.

La he formulado ejerciendo el legítimo derecho que tienen los representantes de los ciudadanos a conocer las actuaciones del Gobierno; derecho que ha sido vetado a la Oposición en el presente Pleno...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Procurador, le llamo a la cuestión. Le prohíbo que haga digresiones. Limítese a leer la pregunta que está publicada ya en el Boletín.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

(Le ruego me disculpe). ... para tratar temas trascendentales. Señor Presidente, un Parlamento sin Oposición es un fraude a la democracia, y una Oposición amordazada también lo es.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Procurador, le llamo de nuevo a la cuestión. No va a...

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Le ruego me disculpe, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. la tercera vez, le aviso, le voy a retirar la palabra.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Recapaciten ustedes y no intenten dejar ciegas y mudas a las Cortes.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Entiendo que esta no es la forma de plantear una pregunta oral que ha sido retirada. Señor Procurador, cíñase al texto de la Pregunta que está publicado para que puedan contestarle, si es su deseo.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Le ruego por tercera vez me disculpe. Si aquí no nos dejan... no me dejan hablar, hablaremos fuera del Parlamento, y eso es triste. Señalo... (Murmullos). Señalo, señor Presidente, Señorías, mi indignación, y retiro la Pregunta. Repito: retiro la Pregunta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Segunda Pregunta Oral con Respuesta del Procurador don Emilio Melero Marcos, relativa a obras en el Centro de Artes Escénicas de Salamanca, sede del Centro de Arte Dramático Regional.

EL SEÑOR MELERO MARCOS:

Muchas gracias, Presidente. La Pregunta formulada -como usted acaba de citar- a la Junta de Castilla y León es sobre el Centro Dramático Regional; Pregunta que quiero supeditar en cualquier caso a la consideración que me merece el papel de esta Cámara, hasta en tanto se recupere la autonomía arrebatada por el Partido Popular al Parlamento...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión por primera vez...

EL SEÑOR MELERO MARCOS:

Retiro mi Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión. (Murmullos).

Pregunta con Respuesta Oral del Procurador don José Miguel Sánchez Estévez, relativa al incumplimiento del plazo para la presentación de solicitudes en el Plan Técnico de la Televisión Digital.

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Señor Presidente, señores Procuradores, buenos días. La Pregunta es muy importante, porque se trata de un plazo que la Junta ha incumplido y no se ha presentado solicitud correspondiente ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No obstante, porque este Parlamento está amordazado y el debate democrático...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión por primera vez.

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Perdón, señor Presidente, se hurtan...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión por segunda vez. Cíñase a la Pregunta, si va a leerla, y, si no...

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Señor Presidente, no he hablado. Se hurtan al debate democrático temas fundamentales para los ciudadanos de nuestra Comunidad...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Tiene la palabra para leer el texto íntegro que está publicado de la Pregunta, no para otras digresiones. Y creo que estoy con el Reglamento de mi parte. Señoría...

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Retiro la...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. siento mucho decirle que está usted llamado a la cuestión por segunda vez.

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Espero que usted reflexione. Retiro la Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Cuarta Pregunta con Respuesta Oral del Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plantilla destinada a la salud laboral y a la prevención de accidentes laborales.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. El contenido de esta Pregunta ya le hemos planteado en más ocasiones en estas Cortes, porque la reducción de las plantillas destinadas a la prevención de riesgos laborales ha sido algo que se ha producido de forma permanente por el Ejecutivo Regional. Pero, como saben, el contenido de esta Pregunta va a ser retirado como consecuencia de la aplicación del rodillo que están ustedes aplicando con su mayoría...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión, señor Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: ...

. y, como consecuencia de eso, esta Pregunta queda retirada.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Quinta Pregunta con Respuesta Oral de la Procuradora doña María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a causas de la mortandad de peces en el río Duratón. Tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Gracias, señor Presidente. La Pregunta se dirige a conocer cuál son las razones por las que tres toneladas de peces han muerto en el río Duratón. Sin embargo, el veto impuesto por el Partido Popular a cuestiones trascendentales para Castilla y León sean debatidas en el presente Pleno me obligan...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señora Procuradora y Secretaria Segunda de esta Mesa, le llamo a la cuestión y le prohíbo que haga digresiones.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO: ...

. a retirar la Pregunta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

La sexta, Pregunta con Respuesta Oral de la Procuradora doña Begoña Núñez Díez, relativa a publicación de la nueva convocatoria de prestaciones para los afectados por la Ley de Amnistía. Tiene la palabra doña Begoña Núñez.

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ:

Sí, señor Presidente. Esta Pregunta va dirigida a ver cuándo la Junta de Castilla y León va a sacar un nuevo decreto, que así prometió y anunció que iba a estar sacado en febrero y al día de la fecha todavía no le hemos visto, con motivo del pago único a los afectados de la Ley de Amnistía, o sea, a las personas que han pasado prisión en la Guerra Civil por defender la libertad y la democracia en este país. Pero como por eso... por la defensa de las libertades y de la democracia, voy a retirar la Pregunta debido al veto...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la...

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ: ...

. que nos está hoy poniendo el Partido Popular. Gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Séptima Pregunta con Respuesta Oral, de la Procuradora doña Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a número de fallecimientos por la ola de calor. Tiene la palabra.

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Esta Procuradora ha presentado esta Pregunta con el ánimo de saber el número de fallecimientos de personas afectadas por la ola de calor, bien directa o indirectamente. Dada la actitud del Partido Popular al inicio de esta Legislatura de amordazar a la Oposición...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión al amparo del Artículo 101.1 por primera vez, Señoría.

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: ...

. y como no quiero... estoy exponiendo mis motivaciones, señor Presidente. Y como no quiero ser cómplice de la regresión democrática a la que pretende llevarnos el Partido Popular...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le pido que no haga digresiones. Cíñase a leer el texto de la Pregunta, Señoría, por favor.

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: ...

. señor Presidente, si me permite y me dedica su atención, solo quiero decirle...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión por segunda vez, Señoría.

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: ...

. que retiro mi Pregunta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Octava Pregunta. Pregunta con Respuesta Oral del Procurador don Ángel Fernando García Cantalejo, relativa a estudios de consolidación de los taludes de la cuesta de Los Hoyos, en Segovia. Tiene la palabra.

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO:

Sí. Gracias, señor Presidente. Esta Pregunta pretende, por un lado, preguntar, obviamente, y, por otro lado, hace constar la chapuza en la que la Junta de Castilla y León ha convertido la obra que realizó en la cuesta de Los Hoyos, de Segovia. Una chapuza que llevó a tres meses de cierre, después la apertura, y, a los veinte días, desprendimientos que la vuelven a cerrar.

Pero como la chapuza suman ustedes la mordaza en el Parlamento, la verdad es que este Procurador va a retirar la Pregunta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Novena y última Pregunta Oral. Pregunta con Respuesta Oral del Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a expedientes personales de solicitantes de empleo en la empresa de trabajo temporal ADECCO. Tiene la palabra don José María Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. De momento hoy nos vamos a quedar sin saber si la Junta de Castilla y León ha mostrado alguna sensibilidad para con esos trabajadores que se han visto vejados, maltratados, y sus peticiones de empleo arrojadas a los cubos de la basura, como a la basura han tirado ustedes hoy aquí la libertad de expresión...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le llamo a la cuestión, porque no se ciñe a la Pregunta, por primera vez.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. las posibilidades de participación democrática. Señor Presidente, lleva usted intentando toda la mañana...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Estoy haciendo lo que el Reglamento dice que hay que hacer cuando se va a hacer digresiones de una Pregunta.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Vamos a ver. Señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Entiendo que el Reglamento nos vincula a todos, Señoría. He sido bastante condescendiente y no he llamado a la cuestión a ningún Procurador por tercera vez. Usted conoce el Reglamento.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Sí. Pero, señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Ustedes están haciendo un uso de la digresión de cada una de las Preguntas...

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. y eso no es lo que el Reglamento consiente.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Vamos a ver. Señor Presidente, si usted...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Le he llamado a la primera... por primera vez a la cuestión.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. pero permite... permite usted que le replique que cada uno argumenta...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

No, no hay réplica.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. en función de sus capacidades. Y usted hoy, incluso, ha estado a punto de adivinar y de anticipar lo que iban a ser las Preguntas o las actuaciones de los Procuradores. Y que yo sepa, usted no podía conocer qué es lo que iban a hacer o decir Procuradores que todavía no habían intervenido, a los cuales usted ya hoy se ha permitido advertir.

Por lo tanto, señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Crespo, cíñase a la cuestión...

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. estamos al inicio de la Legislatura, y le pido a usted un poquito de paciencia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. cíñase a la cuestión, por favor, lo antes posible. Proceda a dar lectura a su Pregunta, si es lo que va a hacer.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

No vamos... no vamos a permitir que en este Parlamento se cercene la libertad de expresión de la Oposición. Señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Crespo, le llamo a la cuestión por segunda vez.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Y

Y tercero, no vamos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Crespo, le estoy diciendo que si no se ciñe a la Pregunta le llamo a la cuestión por segunda vez. Y el Reglamento es claro y contundente en su Artículo 101.1, que usted conoce, sin duda.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Lo haré... lo haré rápido.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Se lo digo a todos los que estamos hoy en este Hemiciclo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Lo haré rápido, señor Presidente, para no darle a usted la ocasión...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

No, no es rápido o no. Cíñase a la cuestión, cíñase a la Pregunta.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Da la impresión de que está usted deseando quitarme la palabra desde el principio.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Está usted interviniendo fuera del Reglamento.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Bien. Retiro la Pregunta. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León, no huya usted del Parlamento y no se esconda de sus obligaciones para con esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Por el señor Secretario se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Tercer punto del Orden del Día. Corresponde a la "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de un Plan Energético Regional que integre todos los subsectores y de un Mapa Eólico".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para la enunciación de la Proposición No de Ley, por el Grupo Proponente va a hacer uso de la palabra Helena Caballero. Muchas gracias.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, tengo que agradecer profundamente al Grupo Popular que después de haber rechazado catorce propuestas no de ley hayan aceptado debatir esta sobre energía eólica. Dada la relevancia que le han dado, he de dar por supuesto que me la van a aprobar... o nos la van a aprobar al Grupo Socialista.

En primer lugar, decir que los socialistas apostamos firmemente por las energías renovables, pero, Señoría, todas las energías renovables: eólica, solar, biomasa, fotovoltaica, minihidráulica, biogás. Pero su ubicación debe seguir siempre el criterio de la mejor ubicación posible desde el punto de vista ambiental. Porque la ordenación del territorio, Señorías, es la base del desarrollo sostenible.

Creemos también que las energías renovables son alternativas, pero, claro, hay que potenciar su carácter de alternativo: a qué y cuándo.

Deben ir acompañadas también de un plan de ahorro y eficiencia energéticas, y, todo ello, con el horizonte de reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático y cumplir con los compromisos asumidos al firmar el Protocolo de Kioto, que es para lo que se fomentan las energías renovables y que parece que hemos olvidado.

Sin embargo, nos encontramos con que casi el último día de mil novecientos noventa y nueve el Gobierno español aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables en el horizonte dos mil-dos mil diez. Este Plan prevé para el dos mil diez una participación de las renovables de más del 12% sobre el consumo de la energía primaria.

En Castilla y León no se ha elaborado un plan de fomento de energías renovables, ni tampoco un plan energético regional, que finalizó ya en el dos mil. Y así, en los últimos cinco años, España se ha convertido en el segundo productor mundial de energía eólica y, en ese mismo periodo, Castilla y León produce más del 35% del total nacional de esta energía, y eso, sin haberse elaborado nunca una estrategia del cambio climático, ni nacional ni regional. Es decir, interesa el negocio en el que se ha convertido, no el fin de contribuir a frenar el cambio climático, cuya defensa debería de ser el objetivo principal de esta Comunidad.

Y, así, recordamos que en la historia del desarrollo de la energía eólica en Castilla y León, porque en esta autonomía no ha existido nunca otra energía renovable que no sea la eólica, tras una fuerte contestación social y a iniciativa del Partido Socialista, el Decreto de septiembre de mil novecientos noventa y siete, Señorías... Creo que deberían prestar un poco de atención; es la única PNL que se va a debatir hoy. El Decreto de septiembre de mil novecientos noventa y siete...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Puede continuar, Señoría.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Les recordaba que la historia del desarrollo de la energía eólica en Castilla y León, porque en esta autonomía no se ha potenciado ninguna otra, tras una fuerte contestación social y a iniciativa del Partido Socialista, el Decreto de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que regulaba las instalaciones de producción de energía eléctrica, hubo de sufrir una moratoria, en junio del noventa y ocho, para elaborar un plan eólico -que no se había hecho- y someterlo a una evaluación estratégica previa que ordenara los parques en los lugares más apropiados.

Sin embargo, nunca se llegó a aprobar un plan eólico para Castilla y León. Sí se emitieron los dictámenes ambientales para cada provincia, ninguno regional. Esos son los documentos que la propia Administración arbitró para asegurar la sostenibilidad del desarrollo de la energía eólica en Castilla y León.

Pero el desarrollo de la energía eólica en esta autonomía ha seguido un crecimiento exponencial, convirtiéndose, paradójicamente, en el mejor ejemplo de desarrollo insostenible: cómo el impulso de una energía renovable en principio buena llega a convertirse en una de las actuaciones más impactantes en el medio natural.

Actualmente, cualquiera que recorra la Comunidad puede comprobar que abundan parques eólicos en lugares que consumen paisaje en detrimento de otros valores naturales.

Para completar la fotografía real de la situación, tampoco hay que olvidar que Castilla y León es una de las primeras regiones españolas productoras de energía eléctrica. Solo consumimos una tercera parte de lo que producimos, sin embargo, tenemos bloqueadas todas las ventajas comparativas derivadas de la posesión de este recurso: aquí permanecen los graves impactos negativos, muchos irreversibles, sobre los territorios que concentran los recursos energéticos. Y esto lo reconoce expresamente el único Plan Energético Regional que se hizo y que finalizó en el dos mil, señor Villanueva.

Agravando este caos, el señor Presidente, Juan Vicente Herrera, en su Discurso de Investidura ante estas Cortes, adquiere el compromiso de facilitar en los próximos cuatro años la instalación de, al menos, dos mil nuevos megavatios de energía eólica en Castilla y León. Esto, sin ningún tipo de planificación territorial, desconociendo la insostenibilidad de la situación, mismo desconocimiento que mostró la Consejera de Medio Ambiente en su reciente comparecencia, ya que tampoco planteó ninguna medida para abordar la situación.

Por eso, el Grupo Socialista, para hacer sostenible el desarrollo de las energías renovables en Castilla y León, creemos que es urgente realizar un plan energético racional que integre todos los subsectores, ubicar los parques eólicos siguiendo los criterios de ordenación del territorio, y, por supuesto, elaborar un verdadero mapa eólico que recoja todos los parques ya instalados, autorizados y en tramitación, a partir de lo cual se deben definir las zonas que admitan nuevas instalaciones y aquellas que han superado el umbral de sostenibilidad, donde las nuevas... los nuevos parques contribuyen solamente a degradar valores naturales, paisajísticos, históricos y, consecuencia de todo ello, los recursos turísticos que supone... que suponemos que queremos potenciar. Gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra, por el Grupo Popular, tiene la palabra el Procurador señor De la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, Presidente. Y muchas gracias, pues, efectivamente, para oponernos a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista. Sinceramente, señora Portavoz del Grupo Socialista, la verdad es que muy poco tenían que ver sus primeras palabras con la Propuesta de Resolución que usted ha planteado. En cualquier caso, yo voy a tratar... y bajo el desconocimiento por mi parte de si usted ha mencionado lo que ha mencionado por convicción, o simplemente por voluntad crítica hacia la actitud de la Junta de Castilla y León, o sencillamente por ignorancia y desconocimiento de este... de la energía eólica en Castilla y León. Mire, yo le voy a explicar, yo le voy a explicar, señora Procuradora... yo le voy a explicar, señora Procuradora, que el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León es absolutamente similar, ya no al de otras Comunidades Autónomas de la geografía nacional, sino igual al desarrollo energético eólico de toda Europa.

Como cualquier industria, tiene, lógicamente, unos ritmos de crecimiento. En primer lugar, una primera fase de inactividad, una segunda fase de crecimiento acelerado, una tercera fase de estabilización de crecimiento, y una última fase de crecimiento marginal por saturación.

En Castilla y León, en España, en Europa, en el caso de la energía eólica, estamos en esa segunda fase: crecimiento acelerado. ¿Y cuáles son los factores que en Castilla y León y en toda España nos llevan a que estemos en una fase de desarrollo acelerado de la energía eólica o de las explotaciones energéticas basadas en la aerogeneración en Castilla y León?

Pues, mire, en primer lugar, el desarrollo tecnológico. Como usted -me imagino- sabrá, hasta hace muy poco tiempo la energía eólica dependía, casi en exclusividad, de una constancia del viento, sin que se hubiesen desarrollado factores tecnológicos que permitiesen, a menores intensidades de viento, poder generar energía aerogenerada. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico nos ha permitido buscar nuevas zonas donde el viento, sin tener tanta intensidad, se pueda generar energía eólica. Y esa... y una de esas zonas es Castilla y León, como también lo es, desde luego, Castilla la Mancha, como también, desde luego, lo es Aragón, o como también, desde luego, lo es Extremadura.

Castilla y León, lógicamente, tiene que aprovechar ese recurso energético. Castilla y León es una potencia energética, y esto no es algo que nos deba desalentar, ni muchísimo menos, es algo que nos debe enorgullecer: somos una potencia energética. En este momento generamos el 14,5 de la energía que se produce en España, y el Grupo Popular es partidario de incrementar ese... esa ratio y de crear y generar más potencia energética en España. Eso, somos partidarios de ello, porque somos conscientes de que tenemos un recurso que podemos explotar.

Siendo conscientes de ello, y teniendo en cuenta también que el consumo de energía crece diariamente, y crece, por cierto, no por casualidad, sino crece porque crecen las industrias y crece, desde luego, porque la capacidad económica de las familias es mayor. También, lógicamente, hemos de tener los compromisos internacionales... o atender a los compromisos internacionales a que usted hacía referencia, los compromisos acordados en Johannesburgo y en Kioto también, que hablan de la producción de energía menos contaminante. Pues, efectivamente, la energía eólica es una energía no contaminante que hasta hace poco era muy venerada por los grupos de la izquierda. Pues, ese factor que ha llevado a que los estados fijen bonificaciones para potenciar la producción de energía que no contenga CO2 es otro factor que ayuda al crecimiento de la energía eólica.

Y todos estos factores, todos estos condicionantes hacen que Castilla y León aproveche, aproveche, y nosotros seamos partidarios de que aproveche la oportunidad que supone para nosotros la posibilidad de generar energía a través del viento. La consecuencia lógica en Castilla y León, pero también en toda Europa, también en toda España, es el incremento de las explotaciones energéticas. Y hasta ahí podríamos, quizás, estar de acuerdo. Pero ustedes llegan a la conclusión de que la energía eólica crece en Castilla y León de forma incontrolada. Esa es su opinión, esa es su particular opinión y esa es su forma sencilla -a veces, quizás, demasiado evidente- de hacer crítica a la política de la Junta de Castilla y León.

Como crecen las industrias energéticas vinculadas a la aerogeneración, hemos de suponer, o suponen ustedes, que eso se hace de forma incontrolada. No, no es así, ni muchísimo menos. Desde luego, en Castilla y León somos conscientes de que la energía eólica, hoy por hoy, genera recursos, genera riqueza, genera desarrollo económico, y lo genera, precisamente, en aquellas zonas de Castilla y León donde todos coincidimos que se debe potenciar el desarrollo económico, que es, precisamente, en el medio rural. Y lo hacemos, y lo hacemos desde el absoluto respeto, absoluto respeto, con una de las normativas más conservacionistas, como así es constatado por todos los expertos en el ámbito del medio ambiente: desde una normativa conservacionista; desde un absoluto respeto al medio ambiente, y no solo al medio ambiente, sino a otra serie también de factores, como es, por ejemplo, el patrimonio; desde el absoluto respeto a la normativa, a la normativa autonómica, a la normativa estatal, pero también a las normativas locales, a las normativas de los Ayuntamientos implicados, es a través del cual se desarrollan los expedientes de tramitación, de solicitudes, de parques eólicos, o de explotaciones eólicas o de explotaciones de energía aerogenerada.

Lógicamente, la Junta de Castilla y León tiene la obligación de tramitar todas y cada una de las solicitudes que entran en la Consejería, y, lógicamente, lo hace -repito- desde el respeto a la normativa y desde el respeto escrupuloso al medio ambiente.

Por eso, en esos dictámenes a los que ustedes hacían referencia... -que no es más que la consecuencia del plan eólico que usted, por un lado, dice que no existía, pero luego reconoce que existe y se ha sobrepasado- bien, esos dictámenes establecen una capacidad de generación de energía, una capacidad que, efectivamente, hoy se ha superado. Pero es que no solo es la Junta de Castilla y León la que determina cuánta potencia energética somos capaces de generar vía aerogeneradores en un determinado área. La cuestión energética no es cómo se produce o... a día de hoy, no es cómo se produce, sino cómo se evacúa, y la evacuación de la energía en Castilla y León, y en el resto de España, no depende de la Junta de Castilla y León. La evacuación energética, la evacuación... los puntos de evacuación no dependen de la Junta de Castilla y León. Por mucho que un empresario quiera establecer un parque de cien megavatios, si, desde luego, no tenemos puntos de evacuación que sean capaces de soportar esa energía, de evacuar esa energía, desde luego eso será imposible.

Por lo tanto, la planificación en Castilla y León -que usted dice inexistente de forma errónea; no sé si interesada o desinteresadamente, pero de forma errónea-, esa planificación que existe en Castilla y León ha de ser, por supuesto, puesta también en consonancia con la planificación nacional.

Y ese incremento al que usted hacía referencia de producción...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señoría, vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Sí, voy terminando). Ese incremento -al que usted hacía referencia- de producción energética eólica es la consecuencia de la planificación nacional de Red Eléctrica Española, que tiene previsto incrementar sus redes, aumentar la capacidad de sus redes y aumentar, por supuesto, también la capacidad de evacuación de los puntos de evacuación.

Siendo conscientes de todo ello, y siendo conscientes de que tenemos un recurso económico que podemos explotar en atención escrupulosa a la normativa... -repito y reitero-, en atención escrupulosa a la normativa estatal, nacional, autonómica... autonómica y local y, por supuesto también, a los compromisos adquiridos en Johannesburgo, y, por supuesto también, atendiendo a las Directivas europeas y en absoluto respeto al medio ambiente, es por lo que creemos que un potencial que tenemos -energético- en Castilla y León, que genera recursos para Castilla y León y que genera recursos en el medio rural en Castilla y León, es algo que debemos de tener en cuenta, y es algo que debemos explotar como potencia energética que somos y como potencia energética que nos consideramos orgullosos de ser. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para turno de réplica, tiene la palabra doña Helena Caballero.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, señor Procurador, yo no sé qué he hecho para merecer que usted me prestara tan poquísima atención. Empecé diciéndole, y diciendo a toda la Cámara: "el Grupo Socialista, los socialistas de Castilla y León apostamos firmemente por las energías renovables, por todas", y les hice toda una gradación de planificación que tenía que existir; todas las energías renovables, siguiendo el criterio de la mejor ubicación posible, acompañados de un plan de ahorro y eficiencia energética. Todo eso no existe. Yo le recomendaría, señor Raúl de la Hoz, que se mire un poco los dictámenes ambientales, luego le explicaré un poco en qué consisten, que no tienen mucho que ver con el Plan Eólico original que no se llegó a aprobar.

Y todo eso con el horizonte de pensar en qué queremos contribuir a reducir las emisiones de CO2 para contribuir a la estrategia de cambio climático. Estrategia de cambio climático que tampoco existe, ni nacional ni regional.

Pero es más, o sea: en este caso, yo creo que el Grupo Popular nunca ha querido reconocer la situación y mucho menos anticiparse a los problemas. Y prueba de ello, lo que decía cuando se debatió el Decreto sobre energías eólicas -y producto de aquel debate, de aquella interpelación se hizo una moratoria que todos conocen-, lo que decía el señor Villanueva, que entonces era Consejero de Industria y ahora casualmente también. Decía literalmente -dada la alarma que se había generado en toda la Región-: "No hay que exagerar las cosas, no sientan ustedes preocupación por la situación actual, que en marcha hay un solo proyecto que cumple todos los requisitos, en autorización administrativa solo ocho, y les puedo decir: cuatro de Burgos, tres de Soria, una de Palencia. Creemos que es razonablemente posible pensar que en los próximos cuatro años vamos a ir a 200 megavatios por año de desarrollo".

Se ha multiplicado por cuatro anualmente el desarrollo de megavatios. Si eso no es crecimiento incontrolado, ustedes me dirán. Pero es más, es más: los dictámenes ambientales es... sobre aquel Plan Eólico que no se llegó a aprobar, los dictámenes preveían una serie de zonas en cada provincia, dentro de cada zona un número máximo de parques eólicos, y un número máximo de potencia por provincia.

Le podría recordar, luego, si acaso, en qué boletines salen dichos dictámenes, porque creo que le convenía leérselos.

Que ha generado una gran contestación social, prueba de eso, prueba de que es descontrolado es cómo han convertido la energía eólica renovable en un conflicto. Conflictos que surgen como hongos en todas las provincias: en Burgos están proyectados en la montaña cantábrica burgalesa -parece ser- alrededor de ochocientos aerogeneradores, lo cual ha provocado que la mesa eólica de Las Merindades denuncie ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo muchas de estas autorizaciones. Pero es más: un conflicto con la Comunidad de Cantabria.

Le puedo decir muchos más casos: en León, la plataforma para la racionalización de la energía eólica en la montaña cantábrico occidental leonesa denuncia la instalación de trescientos veinte aerogeneradores y más de cien kilómetros de pistas de los distintos parques proyectados en la comarcas de Omaña, Babia, Luna, Laciana, que están incluidas en Red Natura 2000, porque el impacto de toda la obra aneja al Parque Eólico en sí es mucho más conflictivo.

En Salamanca el dictamen ambiental contempla un máximo de cuarenta y cinco megavatios, hay solicitados más de mil. Solo una de las cuarenta solicitudes se ajusta a las localidades permitidas en el dictamen ambiental de Salamanca.

En Soria se permitían treinta y cuatro parques. Están ahora en tramitación ciento cuarenta, lo que supondrían seis mil cuatrocientos aerogeneradores, según recientes declaraciones del Delegado Territorial de Soria.

En Zamora el dictamen ambiental permitía ciento treinta megavatios. El mes de mayo pasado la potencia aprobada o en fase de aprobación alcanzaba seiscientos doce.

En Segovia, una de las tres zonas factibles por el dictamen ambiental para la ubicación de parques es la denominada Sierra de Guadarrama y estribaciones, lo que podría reavivar los conflictos con otra Comunidad limítrofe -la de Madrid- dado el futuro Parque de la Sierra de Guadarrama que se va a promover.

En cuanto a la carencia de planificación que yo denunciaba, no existen directrices de ordenación del territorio. Y si usted se fija, voy a hablar de la máxima planificación a la más concreta.

No han elaborado una estrategia de desarrollo sostenible. No han elaborado la de cambio climático; es decir, no sé dónde lo voy a poner, no sé cómo lo voy a hacer sostenible, no sé para qué lo quiero hacer, cómo voy a contribuir al cambio climático. No han hecho un plan energético regional desde el año dos mil, que incorpore todos los subsectores energéticos, ni nuevas medidas de ahorro y eficiencia. No han elaborado un plan de fomento de energías renovables. Tampoco han aprobado un plan eólico regional. No se atreven a reflejar en un mapa la realidad de la implantación de los parques eólicos en esta Autonomía. Se saltan a la torera los dictámenes ambientales que intentaron ordenar el sector, habiendo conseguido el impacto desfavorable de la energía eólica. Gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, por cinco minutos, tiene la palabra el Procurador Raúl de la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, Presidente. Pues, efectivamente, ya sé... ya sé qué es lo que la ocurría a usted, y es que, sencillamente, tenía un ánimo crítico o pretende tener un ánimo crítico con la Junta de Castilla y León, y lo ha aprovechado en esto.

Mire, crecimiento acelerado no significa crecimiento descontrolado. El hecho de que en Castilla y León, afortunadamente, estén proliferando los... los parques eólicos no significa que exista un descontrol en la materia. Esos conflictos a los que usted ha hecho referencia son conflictos en la mayoría de los casos planteados por grupos ecologistas, a los cuales habría que preguntar, cuando en el pasado hablaban de energías renovables, qué entienden hoy por energías renovables. Y otros son conflictos planteados por otras Comunidades Autónomas, a las que, sencillamente, a las que, sencillamente, les molesta... -caso de Guadarrama, caso de la Cordillera Cantábrica- les molesta que existan aerogeneradores instalados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que les producen un impacto visual a ellos y que generan recursos económicos en Castilla y León. Esos son los conflictos planteados; esos son los conflictos planteados. Y como toda nueva explotación energética e industrial, lógicamente, genera conflictos también.

Pero no confunda usted o no quiera usted confundir a esta Cámara, que no es lo mismo, señora Procuradora, crecimiento acelerado que crecimiento incontrolado.

Mire, respecto de los dictámenes, respecto de los dictámenes, los dictámenes no hablan de número de parques, no hablan en ningún caso de número de parques; sí hablan de potencial existente y sí hablan de zonas de... dirigidas a la explotación de energía aerogenerada.

Pero, mire, vuelve a confundir usted -creo que intencionadamente-: Castilla y León no es competente a la hora de determinar la capacidad de evacuación de nuestros puntos de evacuación, no es competente para determinar cuánta energía es capaz de... son capaces de soportar las redes de transporte energético en Castilla y León. Si tenemos un punto de evacuación que es capaz de soportar o es capaz de evacuar doscientos megavatios, y en este momento se están evacuando ciento cincuenta, la lógica -que es lo que establecen los dictámenes-, es decir, podemos generar todavía cincuenta megavatios más. Eso es tan sencillo y tan evidente como que se está ejecutando de esta manera.

Y no insinúe usted que no está cumpliendo la Junta de Castilla y León la normativa en materia medioambiental; y no insinúe usted que no se están respetando, ni muchísimo menos, la normativa autonómica y la normativa local de ordenación del territorio. Que me hace mucha gracia lo de la ordenación del territorio. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver los criterios de ordenación del territorio con esta cuestión?

Atendemos, atendemos -le repito, Señoría- a la normativa medioambiental, también a la normativa patrimonial y también a la normativa urbanística local. Y, desde luego, si usted tiene dudas, si usted tiene dudas de que en algún expediente no se ha tenido en cuenta esa normativa o que no se ha tramitado correctamente, denúncielo; pero no insinúe usted estas cuestiones.

Y respecto al crecimiento futuro, pues, efectivamente -y el Presidente así lo ha dicho-, como somos capaces en el futuro de poder generar más energía y como podemos incrementar en dos mil megavatios nuestra generación energética, vamos a intentar hacerlo; pero no dependerá en exclusiva de nosotros, dependerá de la planificación nacional. Por eso, no me diga usted que a día de hoy no tenemos una planificación, porque el Estado... el Estado, a través de Red Eléctrica Española, está planificando en el horizonte del dos mil siete el incremento, el incremento de la... del transporte energético o de las redes de transporte energético, no solo en esta Comunidad, sino en toda España. Bajo ese horizonte del dos mil siete y bajo esas perspectivas, creemos... nos creemos en este momento capaces de poder generar dos mil megavatios más.

Si usted no está de acuerdo con que generemos dos mil megavatios más de energía en la Comunidad Autónoma de Castilla y León díganlo públicamente, díganlo públicamente. Nosotros sí estamos a favor, porque -le repito y le reitero- genera beneficios económicos para nuestra Comunidad Autónoma y genera ingresos económicos... y genera desarrollo económico, genera creación de empleo, precisamente, en las zonas que más lo necesitan, precisamente son las zonas rurales -y repito, y reitero, y no me cansaré de hacerlo-, en un absoluto respeto del medio ambiente. Esos son los dictámenes a los que hacía usted referencia; ese es el Plan Eólico al que usted decía... hacía referencia que no existía, pero, por otro lado, reconoce su existencia; y ese es el desarrollo.

Por otro lado, le informaré que el Consejero anunció -igual que el Presidente anunció también en el Debate de Investidura- que próximamente será aprobada una estrategia energética, que es lo que usted denomina plan de desarrollo energético, nosotros lo denominamos estrategia energética eficiente y de desarrollo de las nuevas energías renovables. Eso se aprobará próximamente, y usted tendrá la ocasión de verlo. Y ahí es donde se fijará una foto fija de qué... de qué tenemos hasta hoy sobre la base de lo ya realizado.

Usted solicita también que se hagan mapas eólicos. ¿Usted cree que la Junta de Castilla y León no tiene esos mapas eólicos, que esos mapas eólicos no existen? Sí existen, por supuesto, y están a su absoluta disposición para que pueda consultarlos. Unos mapas en los que se recoge solicitudes, estado de tramitación de las solicitudes y, por supuesto, también aerogeneradores instalados y potencia generada a día de hoy en Castilla y León. Una... por cierto, unos mapas que tiene la Junta de Castilla y León, pero que también tiene, por supuesto, Red Eléctrica Española, pues están en constante comunicación. Ese es el mapa eólico que existe; esa es la perspectiva de crecimiento que tenemos, condicionada, por supuesto, al desarrollo de esa planificación nacional de la red... de Red Eléctrica Española, y ese es nuestro objetivo: seguir desarrollando de forma controlada, de forma -repito- controlada la energía eólica en nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, Señoría. ¿Algún Grupo no interviniente desea fijar posiciones? No. En ese caso, el Grupo Proponente tiene la palabra para cerrar el debate. Doña Helena Caballero tiene la palabra.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Gracias, señor Presidente. Está parado. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar -como siempre-, hay que empezar por el principio. Los dictámenes ambientales no dicen número de parques, ni máximo de potencia, ni zonas. Le enseño, por ejemplo, el de Segovia, porque lo tengo aquí, ¿eh? Pero le puedo recordar que en Ávila se permite, según el dictamen ambiental, dieciséis parques, dice tres comarcas, máximo de potencia trescientos treinta megavatios. Los Boletines suelen ser del diecinueve de abril del dos mil y hay otro lote de unas fechas similares, pero no iguales. En Burgos, treinta y cuatro parques, seis comarcas, máximo de potencia seiscientos noventa y cinco megavatios. Además de decir las zonas, suele acompañarse de un mapita. La verdad, se ve muy mal, pero, bueno, orientativo. Este era el mapa del dictamen ambiental. El plan eólico no se llegó a aprobar, pero este es el mapa del dictamen ambiental, que prevé zonas. El dictamen ambiental es el resultado... o sea, el dictamen es la decisión que se toma de una estrategia de evaluación de impacto ambiental sobre el plan eólico; es decir, qué se puede, qué no se puede hacer, qué zonas son de máxima sensibilidad y en qué zonas se puede permitir. Eso se ha superado completamente.

En cuanto a la importancia de la ordenación del territorio, creo que el Consejero señor Silván debería explicar a su Grupo Parlamentario la importancia y la necesidad de la ordenación del territorio, porque les veo muy incrédulos al respecto y quizás un poco ignorantes. Pero la Consejera de Medio Ambiente yo creo que tiene que hacer usted mucha educación ambiental sobre su Grupo Parlamentario, puesto que es tremendamente importante que... primero, no hay directrices de ordenación del territorio -y el señor Silván sé que está de acuerdo conmigo-; que tampoco hay estrategia de desarrollo sostenible, que es el segundo grado de planificación para hacer sostenible una propuesta; que no hay estrategia de cambio climático, que es definir adónde voy, cuánta energía eólica me hace falta poner para reducir el CO2, cuántas energías alternativas, alternativas a qué.

Usted reconoce -¡menos mal!- que no hay plan energético regional ni plan de fomento. Lo van a elaborar y lo van a aprobar. Al menos me ha reconocido uno de los puntos.

Y, por último, que se saltan a la torera los dictámenes ambientales lo indica, precisamente, las potencias máximas, los datos de potencias máximas que ustedes están diciendo ya instaladas, que superan en varias veces siempre lo que el dictamen ambiental permitía.

Pero quiero dejar bien claro que el Grupo Socialista está a favor de las energías renovables, que no estamos en contra de que se instalen, lo que queremos es que se instalen de una forma sostenible. Y le he repetido cuál es nuestro modelo, cuál es nuestro modelo de sostenibilidad.

Ya sé que usted es un poquito duro de oído, porque se lo tengo que decir varias veces, y que necesita un poco de barniz de ordenación del territorio, de educación ambiental y de varias cosas más. Pero, desde luego, le repito que... se lo he explicado desde el principio, lo he repetido en la segunda intervención; pero se lo voy a pasar por escrito, que así nos va a quedar mucho más claro.

Le voy a decir por último... le voy a decir por último que usted no ha dado... no ha dado ninguna razón negativa para votar en contra a mi Propuesta. Sé que el Presidente Juan Vicente Herrera está muy interesado en llevar adelante los dos mil nuevos megavatios. Como estoy segura que quieren hacer sostenible la propuesta, les repito que nosotros creemos que hay que hacer por fin un plan energético regional. Que una estrategia es muy floja -habrá que verla, habrá que ver cómo adquieren ustedes los compromisos-; que en ese plan estratégico regional tiene que integrar todos los subsectores energéticos; que las energías renovables en él tienen que desarrollarse cumpliendo las directivas europeas y las recomendaciones de la Cumbre de Johannesburgo, que se produjo en el dos mil y, como no se ha hecho plan, no se han incorporado; que la ubicación de los parques eólicos tiene que atender a los criterios de ordenación del territorio, la mejor ubicación posible, y tiene que respetar el marco global de la planificación ambiental estratégica, los dictámenes ambientales, pero también de las Agendas Veintiuno Locales; y que el mapa eólico... -que me gustaría saber si existe- el mapa eólico -que usted dice que existe, pero no conoce los dictámenes tampoco; o sea, que no sé muy bien si creerle-, decimos nosotros que tiene que recoger todos los parques que están instalados, autorizados y en tramitación. Porque el señor Raúl de la Hoz quizás no lo sabría, pero cuando se hicieron los dictámenes ambientales no hubo manera humana de que el Eren presentara tampoco los parques que estaban ya autorizados y en tramitación; es decir, fue una falsa propuesta de partida.

Por último, una vez hecho el plan eólico, ese mapa eólico, hay que definir qué zonas han superado el umbral de sostenibilidad, porque de ninguna manera se puede conseguir... no se puede lograr que ustedes anulen los recursos turísticos que se quieren promover, porque para hacer sostenible una propuesta no se puede poner un recurso comiéndose a otro.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio. No hagan debate, Señorías, por favor. Señorías, no hagan debate.

LA SEÑORA CABALLERO GUTIÉRREZ:

Por último, señor Presidente, ya que el compromiso fue suyo ante estas Cortes, ¿cómo se la va a maravillar usted para hacer posible este compromiso de instalar dos mil nuevos megavatios en Castilla y León sin directrices de ordenación del territorio, sin estrategia de desarrollo sostenible, sin estrategia de cambio climático, sin plan energético regional, sin plan de fomento de energías renovables, saltándose a la torera los dictámenes ambientales? ¿Cómo se la va a maravillar usted, señor Presidente? (Aplausos).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias, Señoría. Sometemos a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor de la Proposición No de Ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Señorías, el resultado de la votación es: votos emitidos, setenta y ocho. A favor: treinta y dos. En contra: cuarenta y cinco. Abstenciones: una. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley.

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Por el Secretario se dará lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

El cuarto punto del Orden del Día se refiere a una "Propuesta de tramitación, por el procedimiento de lectura única previsto en el Artículo 128 del Reglamento de la Cámara, del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 13/2002, de quince de julio...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): ...

. de Fundaciones de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Por el señor Secretario se va a proceder a dar lectura al acuerdo de la Mesa, proponiendo al Pleno la tramitación por el procedimiento de lectura única de este Proyecto de Ley. Señor Secretario...

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

El acuerdo dice así: "La Mesa, en su reunión de diecisiete de julio actual, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, propone al Pleno de las Cortes la tramitación en lectura única del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 13/2002, de quince de julio, de Fundaciones de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Se somete a votación esta propuesta. ¿Se aprueba por asentimiento? Queda aprobada. En consecuencia, proceda el señor Secretario a dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

El quinto punto del Orden del Día presupone el "Debate y votación, por el procedimiento de lectura única previsto en el Artículo 128 del Reglamento de la Cámara, del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 13/2003, de quince de julio, de Fundaciones de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para la presentación del Proyecto de Ley por parte de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el Consejero de Presidencia.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, me dirijo a ustedes con el fin de presentar el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Fundaciones de Castilla y León. En los últimos años el hecho fundacional se ha mostrado altamente dinámico al incrementarse la preocupación de nuestra sociedad civil por aquellas actuaciones que revisten el carácter de interés general.

La Comunidad de Castilla y León, en ejercicio de la competencia establecida en el Artículo 32 del Estatuto de Autonomía ha legislado en materia de fundaciones a través de la Ley de 15 de julio, de Fundaciones, de Castilla y León. Tal norma resulta de aplicación a aquellas entidades sin ánimo de lucro que, quedando incluidas en el marco de la legislación estatal, desarrollan sus funciones con carácter principal en el ámbito... en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Como norma propia de esta Comunidad, la Ley del año dos mil dos recoge el espíritu y da también continuidad a la ley básica estatal. Atiende a las peculiaridades, necesidades e intereses de nuestra Comunidad, facilitando la promoción, la constitución y el funcionamiento de estas entidades, y estableciendo para las mismas un adecuado y completo marco normativo ajustado a las necesidades de las fundaciones castellanas y leonesas.

A su vez, el interés mostrado por el Estado en adecuar y modernizar el marco legislativo básico de las fundaciones y el sistema de incentivos fiscales al marco normativo de la Unión Europea ha determinado la aprobación por las Cortes Generales de dos leyes, de veintiséis de diciembre, Ley de Fundaciones y Ley de Incentivos Fiscales. A través de estos dos cuerpos normativos se ha delimitado, por un lado, la regulación sustantiva y procedimental de las fundaciones y, por otro lado, la regulación de los incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, al constituirse como una materia con perfiles específicos que hace necesario un tratamiento separado.

La Ley de Fundaciones de Castilla y León, coetánea con la nueva legislación estatal y respetuosa con el marco básico por ellas establecido, persigue una reducción de la intervención del poder público autonómico en el funcionamiento de las fundaciones, procediendo a flexibilizar y a simplificar los procedimientos, especialmente los de carácter económico y financiero. Sin embargo, la realidad ha mostrado que resulta indispensable continuar profundizando en esta vía, con el fin de evitar determinadas rigideces que podrían llegar a suponer un funcionamiento fundacional en exceso lento y dificultoso.

Con este fin, resulta preciso introducir en nuestra Ley de Fundaciones de Castilla y León los cambios necesarios para dotar de una mayor agilidad a la organización interna de las fundaciones y adecuarla a las necesidades que en cada caso se deriven del volumen y complejidad de las tareas que pretendan desarrollar al servicio de sus fines fundacionales respectivos. En esta línea, el Proyecto de Ley que reforma la Ley de Fundaciones de Castilla y León permite la creación de órganos, bien colegiados bien unipersonales, formados por patronos y/o personas sin tal condición, con el objeto de dar mayor flexibilidad interna a la gestión de las fundaciones. Tales órganos gestionarán y ejercerán aquellas funciones y actividades que, por atribución de los estatutos o mediante delegación por el patronato les sean encomendadas. De esta manera, se va a dinamizar y se va a potenciar, sin duda, el fenómeno fundacional como cauce a través del cual la sociedad civil coopera con la Junta de Castilla y León en la consecución de los fines de interés general, y que, además, van a revertir en el interés y en el beneficio de nuestra Comunidad.

Es por ello por lo que solicito a Sus Señorías la aprobación del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de quince de julio del año dos mil dos, de Fundaciones, de Castilla y León, para que, en cumplimiento de la legalidad vigente, un sector tan dinámico e importante como el de las fundaciones quede adecuado a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias, señor Consejero. Para fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios, por el Grupo Mixto... por el Grupo del Partido Socialista, tiene la palabra don Óscar Sánchez, por un tiempo de diez minutos.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, yo había preparado una intervención muy breve para este punto del Orden del Día, porque pensaba que en este primer Pleno, ordinario, de inicio del curso, se iban a debatir cuestiones trascendentales para el futuro de la Comunidad Autónoma.

Yo, entre otras cosas, me esperaba ver un primer duelo entre el Presidente de la Junta de Castilla y León y el jefe de la Oposición, cosa que no ha podido ser... (Murmullos). Cosa que no ha podido ser dada la actitud... (Murmullos). Cosa que no ha podido ser...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señoría, no debería hacer digresiones sobre la cuestión que nos ocupa, que es la modificación de la Ley de Fundaciones.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Señor Presidente, estoy haciendo una introducción que es esclarecedora de la posición que va a defender el Grupo Socialista respecto a este Proyecto de Ley.

A pesar de que la mayoría del Partido Popular quieren construir... quieren convertir a esta Cámara en una Cámara muda, en una Cámara que no puede realizar actividad de control, a pesar de ello, esta Cámara tiene también una actividad legislativa... una actividad legislativa a la que el Partido Socialista siempre ha participado y a la que nuestra responsabilidad como representante de los ciudadanos nos invita a participar.

Por lo tanto, por lo tanto, haciendo constar... haciendo constar también mi protesta por lo que ha sucedido esta mañana, ¿eh?, quiero... quiero anunciar... quiero anunciar la posición favorable del Partido Socialista a este Proyecto de Ley. (Murmullos).

El Grupo Socialista...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio, Señorías. Por favor, guarden silencio.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

El Grupo Socialista ha aceptado además, también, tramitar este Proyecto de Ley por el procedimiento de lectura única, a pesar de que nosotros no somos amigos de las lecturas únicas y de los procedimientos de urgencia; preferimos debatir las cuestiones con mayor serenidad, pero lo ha aceptado porque entendemos que es una reforma necesaria, una reforma conveniente para la regulación del fenómeno fundacional en Castilla y León.

Se trata... se trata, por decirlo claramente, de un parche. Es un parche que vamos a poner a la Ley de Fundaciones que aprobamos... que aprobó la mayoría del Partido Popular en esta Cámara, poco antes de disolverse las Cortes. Se trata de un parche, pero es un parche que se pone a una ley que está llena de agujeros; es un parche que no va a ser suficiente. Se trata de una reforma necesaria, pero de una reforma absolutamente insuficiente para adaptar el régimen jurídico de las fundaciones de Castilla y León a las necesidades que tiene el fenómeno fundacional en nuestra Comunidad Autónoma.

Ciertamente, el contenido de esta reforma merece nuestra aprobación en cuanto que lo que se pretende, lo que se pretende es que en las fundaciones puedan existir órganos subordinados al patronato, que cumplan con una serie de funciones estatutarias y que no tengan que estar formados necesariamente por patronos. Eso flexibiliza, evidentemente, la gestión de las fundaciones; sobre todo, flexibiliza la gestión de las fundaciones de un cierto tamaño, de estas macrofundaciones que parece que se están poniendo últimamente tan de moda.

Les anuncio, por tanto, nuestro voto favorable al Proyecto, pero permítanme también que les recuerde algunos datos de relevancia sobre esta cuestión.

Cuando se debate y se aprueba en esta Cámara la Ley 13, de dos mil dos, de Fundaciones de Castilla y León, ya se encontraba en tramitación la reforma de la Ley de Fundaciones estatal, de la cual, además, conocíamos, sabíamos que una parte iba a tener la consideración de legislación básica. Por ello, el Grupo Socialista de esta Cámara advirtió ya en su día... advirtió ya en su día de las posibles disonancias que podían surgir entre la legislación estatal...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ: ...

. y la legislación autonómica.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Les recuerdo que, si tiene sentido que exista una ley autonómica de fundaciones, es para facilitar el fenómeno fundacional, es para incentivarlo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, es para regular aquellas cuestiones que la legislación estatal no puede regular. Para lo que no tiene sentido que exista una ley de fundaciones de Castilla y León es para crear confusión, que es lo que ha hecho la Ley de Fundaciones que se aprobó en la Legislatura pasada. Para eso no tiene sentido; por eso no contó con la aprobación de nuestro Grupo y, por eso, nuestro Grupo entiende que es necesario una reforma de mayor profundidad, de mayor calado en la Ley de Fundaciones.

El buen sentido aconsejaba en su día esperar, abrir un compás de espera para que este Parlamento, una vez conocida la reforma de la Ley de Fundaciones estatal, pudiera llevar a cabo una ley de fundaciones que fuera en consonancia, que fuera de la mano con esa legislación estatal.

Sin embargo, parece ser que el buen sentido pasa... el buen sentido pasa siempre por debajo de cuestiones de partido, de intereses de partido, que en aquel momento les obligaron a cumplir con una estadística de aprobación de leyes que ustedes habían anunciado y que tenían que cumplir en ese momento.

Por otra parte, la verdad es que tengo que mostrar mi perplejidad por esa obsesión que se apodera del Partido Popular en víspera de las elecciones, una obsesión por la productividad legislativa; obsesión que en muchas ocasiones lleva, evidentemente, a la precipitación y a aprobar leyes que no son buenas. Aprobar más leyes no es necesariamente bueno, creo que eso es algo que todos estaremos de acuerdo. Lo importante es la calidad del producto legislativo. Y cuando el producto legislativo no se hace con el cuidado necesario y no se toman las precauciones necesarias, pues luego pasa lo que pasa, que poco tiempo después nos vemos obligados a corregir lo que hemos hecho mal.

Y es que la Ley de Fundaciones que ahora mismo estamos reformando es una ley defectuosa, es una ley llena de agujeros, una ley que entra a regular cuestiones que no tendría que regular, porque se mete en materia de legislación civil, que es competencia estatal.

Y es una ley que, sin embargo, no entra a regular determinadas cuestiones que sí que son importantes para la regulación del fenómeno fundacional en Castilla y León. Y voy a citar únicamente una de ellas, que, a nuestro juicio, es la más importante: esta ley no dice absolutamente nada sobre las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿eh?, y nos encontramos con que, aunque la legislación estatal sí que regula las fundaciones del sector público estatal, nuestra legislación autonómica no contiene ninguna regulación, no contiene ningún control, ninguna restricción específica para el funcionamiento de estas fundaciones. Por ello... por ello, procedemos a corregir uno de los múltiples defectos, pero ya les adelanto, Señorías, que no será el único; que, probablemente, nos veremos obligados a corregir más defectos de esta ley más adelante.

Nuestro Grupo... desde nuestro Grupo emplazamos a la Junta de Castilla y León, emplazamos al Partido Popular a que hagan lo necesario para que en estas Cortes se apruebe una ley de fundaciones, una ley de fundaciones que sea la que esta Comunidad necesita. Para ello, les aseguro que contarán siempre con la actitud abierta y la actitud constructiva del Partido Socialista. Porque desde el Partido Socialista entendemos que sí que es necesario que exista una ley de fundaciones en Castilla y León, pero no lo es... no es necesario que exista una ley de fundaciones para, en el mejor de los casos, simplemente, reiterar lo que ya dice la legislación estatal, sino que... y, en el peor de los casos, para crear confusión por doquier, que es lo que ha hecho nuestra Ley de Fundaciones, sino que debe existir una ley de fundaciones para responder a las necesidades específicas que tienen las fundaciones en Castilla y León.

La necesidad de apoyar y de incentivar especialmente a las fundaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y -repito una vez más- la necesidad de regular las fundaciones del sector público de esta Comunidad Autónoma.

Y este último punto es muy importante -ya se lo he dicho anteriormente, se lo vuelvo a repetir ahora-, porque, a través de estas fundaciones del sector público, de alguna manera, la Junta de Castilla y León está procediendo a privatizar una parte de sus actividades. Y lo está haciendo, además, de forma que se cree opacidad, se impida el control de las actividades de estas fundaciones.

¿Cómo contratan estas entidades? ¿En función de qué criterios contratan estas entidades? ¿Cómo seleccionan su personal? ¿Qué cuentas están obligadas a dar de sus actividades?

Me dirán ustedes que la Ley de Hacienda de esta Comunidad Autónoma, que ha sido reformada por la última Ley de Acompañamiento, incluye ya... incluye ya el sometimiento al mismo régimen presupuestario y de control que tienen las empresas públicas. Pero esto no es suficiente, no es suficiente. Se requiere una regulación mucho más completa de las fundaciones del sector público de Castilla y León.

Desde el Grupo Socialista entendemos que es necesario una regulación de las fundaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma para introducir un concepto de fundación que sea más acorde con el contenido constitucional del derecho de fundación. No debemos olvidarnos de que el derecho de fundación es un derecho fundamental y que la fundación es un instrumento de vertebración social, de movilización de la sociedad civil, un instrumento destinado a cumplir fines de interés general, no simplemente a crear sociedades de tenencias de bienes, no simplemente a crear sociedades para la gestión de herencias, sino para llevar a cabo fines de interés general.

Los socialistas entendemos también que las fundaciones... de que debe exigirse a las fundaciones -perdón- que sus fines sean compatibles con la defensa de los valores democráticos -algo que no aparece en la legislación autonómica-, para evitar que las fundaciones se conviertan, como se están convirtiendo en algunos casos, en el refugio para ciertas ideologías antidemocráticas que, una vez que ven cerradas las puertas de la creación de partidos políticos, una vez que ven cerradas las puertas de la utilización de la vía asociativa, utilizan las fundaciones como refugio e incluso como medio para recibir subvenciones públicas.

En conclusión... en conclusión, nuestro Grupo da el sí a este Proyecto de Reforma; pero da el sí haciendo constar de forma clara la demanda de una reforma en profundidad del régimen de las fundaciones de Castilla y León, para que se adecúe de forma clara a la nueva legislación estatal y para que se regulen las necesidades específicas -que las hay- que tiene el fenómeno fundacional en Castilla y León. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias, señor Procurador. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jesús Encabo.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Señor Presidente, Señorías, en primer lugar -y justo es reconocerle-, agradecer al Grupo Parlamentario Socialista que vaya a votar a favor de esta modificación de la Ley 13/2002.

Pero, dicho esto, sí quiero expresar mi perplejidad por la intervención y por el tono que ha utilizado. No ya por la forma, que sí creo que haya sido la que merece esta Cámara, sino por la multitud de inexactitudes que su intervención a la hora de analizar la vigente Ley de Fundaciones ha manifestado en esta Cámara.

Yo creo que tiene usted mala memoria. Yo tengo la buena costumbre de examinar los Diarios de Sesiones, y todas esas argumentaciones que usted en estos momentos esgrime no tienen nada que ver con aquellas que en su día su predecesor, don Octavio Granado, dijo en esta Cámara, y que, evidentemente, el tiempo ha demostrado que no tenía razón alguna. Porque aquí, en relación a la Ley de Fundaciones se han oído auténticas barbaridades jurídicas -y permítame esta expresión-: se llegó a decir que era inconstitucional, se llegó a decir de que lo que pretendía era la constitución de fundaciones para eludir impuestos, se llegó a decir que la Ley de Fundaciones lo que pretendía era también crear un vehículo para que aquellos que quisiesen defraudar al fisco pudieran constituir a su libre albedrío fundaciones.

Y el tiempo, el tiempo, una vez más, nos da la razón al Partido Popular. Porque, en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, ustedes, si analizan cuál ha sido el resultado de esta Ley 13/2002, si la analizan, comprobarán que pocas veces el fenómeno fundacional ha tenido tanto vigor y ha tenido tanto éxito como está teniendo en nuestra Comunidad Autónoma.

Por eso, no puedo aceptar esa crítica de parche, como se ha expuesto de contrario, porque lo cierto es que esta Ley, si hacemos una comparativa entre la ley aprobada por el Gobierno de la Nación -exactamente... perdón, por la Cámara... por las Cortes Generales el pasado veintiséis de diciembre-, la Ley 50/2002, y la comparamos con la vigente Ley 13/2002 de estas Cortes, comprobaremos que no hay diferencias sustanciales desde el punto de vista de la metodología, de las finalidades que va buscando una y otra, que, en definitiva, es que este tercer sector -como ya denomina la doctrina- vaya adquiriendo una mayor pujanza y un mayor protagonismo dentro de la sociedad española. Y eso, evidentemente, si ustedes lo analizan, comprobarán que hay una gran similitud entre esta Ley 13/2002 de Castilla y León y la Ley 50/2002 de Castilla y León. Y, también, cómo se ha vuelto a confirmar que la política esgrimida por este Gobierno de distinguir perfectamente y de lo que tiene que ser la regulación específica de las fundaciones, de lo que tiene que ser los incentivos, ha venido conformada también por la legislación estatal cuando, con fecha de veintitrés de diciembre del año pasado, también promulgó la ley relativa a incentivos fiscales.

Consecuentemente, Señorías, entiendo que en ningún caso podemos hablar de parche, en ningún caso podemos hablar de improvisación, máxime cuando yo les quiero recordar que el diez de abril de este año, el diez de abril -yo creo que no hace tanto tiempo-, hubo una propuesta conjunta de los distintos grupos políticos de esta Cámara para iniciar la tramitación de esta propuesta de ley, y que no pudo llevarse a efecto, pues por el calendario electoral, como ustedes conocen perfectamente.

Esta es una propuesta que -como ha dicho muy acertadamente el Consejero de Presidencia- lo que pretende es dinamizar; lo que pretende, en definitiva, es conseguir que la agilidad presida todas y cada una de las intervenciones de las fundaciones; y que las fundaciones se asemejen más a lo que es la práctica cotidiana en el ámbito del Derecho, en el ámbito de lo que es la gestión del sector privado a la hora de tomar decisiones (sin que ello vaya a menoscabar el control que, por supuesto, ese control existe, porque si usted afirma que no hay control es señal evidente de que no ha comprobado ni ha examinado pormenorizadamente, no ya esta ley, sino también la ley estatal). Y que en estos instantes, estar argumentando de que nos encontramos ante una situación transitoria, yo, sinceramente, no entiendo su argumentación.

Además, hay otra de las cuestiones que usted ahora insiste de una manera bastante machacona, cuestión que ustedes no hicieron cuando se debatió la totalidad en el Pleno de marzo del pasado año, en el que ustedes ahora intentan crear, pues múltiples legislaciones para todo tipo de fundaciones. Mire, nosotros creemos de que es mucho más lógico en estos momentos preocuparnos de las quinientas cincuenta y siete fundaciones que existen en nuestra Comunidad Autónoma, que estamos hablando de... ni más ni menos que, de ellas, más de un 44% tienen un contenido benéfico-asistencial; y el resto aproximadamente, el 54%, de carácter cultural .....

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR ENCABO TERRY: Y

Y nos preocupa mucho más...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Nos preocupa mucho más el buen funcionamiento de estas quinientas cincuenta y siete fundaciones; nos preocupa mucho más que se puedan cumplir los fines de interés público, que, en definitiva, están coadyuvando y colaborando con la Administración Pública a la hora de conseguir ese interés público que subyace en todas y cada una de las fundaciones, que no están en regulaciones nuevas teniendo en cuenta la naturaleza de la fundación. Cada fundación, señores, tiene en estos momentos unos controles que no existían antes de la Ley de Fundaciones, tanto de carácter estatal como de carácter autonómico.

Y también reseñar que, inclusive, en algunos aspectos es más avanzada nuestra ley regional que nuestra ley estatal. Y es más avanzada en tanto en cuanto ha establecido, pues esos famosos criterios de equivalencia a la hora de valorar las aportaciones económicas, apoyándose siempre en normas de carácter mercantil; y también ha sido bastante más exigente a la hora de buscar esa transparencia, evitando que todos y cada uno de los patronos de las fundaciones puedan cobrar retribuciones.

En definitiva, Señorías, entiendo que este Proyecto de Ley, esta propuesta es realmente necesaria para conseguir lo que nosotros vamos buscando, es decir, que tome un nuevo dinamismo el hecho fundacional; de que este tercer sector y esta manifestación de esa sociedad organizacional consiga una mayor pujanza. Porque no olvidemos, y tengamos muy presente, que siempre que estemos apoyando este sector de las fundaciones van a repercutir muy favorablemente en todo el interés público, que es uno de los objetivos que siempre han de presidir la labor de gobierno.

En consecuencia, Señorías, gracias por el apoyo a esta propuesta de ley; pero significar que nos encontramos ante una muy buena ley, buena ley regional, y ante una muy buena ley de carácter estatal que regula las fundaciones. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, Señoría. Se procede ahora a someter a votación, en consecuencia, el Proyecto de Ley. ¿Votos... votos a favor del Proyecto de Ley? Por unanimidad se entiende aprobado el Proyecto. Muchas gracias, Señorías, se aprueba por unanimidad. Queda aprobada la Ley de Reforma de la Ley 13/2002, de quince de junio, de Fundaciones de Castilla y León.

Por el Secretario se dará lectura al sexto punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

El sexto punto corresponde a "Designación de Consejeros Generales de Cajas de Ahorro de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

El Grupo Parlamentario Popular ha comunicado a esta Presidencia la siguiente sustitución de uno de los Consejeros designados en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia: don Juan Bautista Muñoz Esteban, en sustitución de don Luis Miguel Pérez Ayuso.

El Grupo Parlamentario Socialista, asimismo, ha comunicado a esta Presidencia la siguiente sustitución de uno de los Consejeros designados en la Caja de Ahorros Municipal de Burgos: doña Leonisa Ull Laita, en sustitución de doña Inés Navarro Leiva.

De acuerdo con las normas que rigen las designaciones a realizar por esta Cámara a Consejeros Generales de Cajas de Ahorro, se someten a votación ambas sustituciones. ¿Se aprueban estas propuestas por asentimiento? Quedan aprobadas.

En consecuencia, ha quedado designado Consejero General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia don Juan Bautista Muñoz Esteban, y Consejera de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, doña Leonisa Ull Laita en representación de las Cortes de Castilla y León.

Señorías, se interrumpe la sesión hasta las cuatro treinta de esta tarde, donde conoceremos el Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil dos. Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las doce horas veinticinco minutos, reanudándose a las dieciséis horas cuarenta minutos).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, Señorías. Señorías, se reanuda la sesión. Para dar lectura al séptimo punto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Secretario.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Gracias, señor Presidente. Séptimo punto del Orden del Día: "Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil dos".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para presentar el Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, señor García Álvarez.

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Con la venia, señor Presidente. Excelentísimo señor Presidente de la Junta, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías, señoras y señores.

Durante el pasado año recibimos dos mil trescientas diez quejas, con un número de expedientes iniciados de oficio de ciento cuarenta y ocho. Se mantiene, pues, un elevado número de quejas, dentro de un abanico que va de las dos mil doscientas a las dos mil quinientas anuales. Sin duda, ello es debido, en buena medida, a que -como es sabido- atendemos directamente a las personas que lo deseen en diferentes localidades de la Comunidad Autónoma y, con carácter regular, a lo largo del año.

Las quejas rechazadas a trámite por alguna de las causas que recoge la ley han sido quinientas cuarenta y ocho. En este sentido, las resueltas fueron mil seiscientas cuarenta y uno, si la expresión "resueltas" la utilizamos en el mismo sentido que lo hacen los Tribunales de Justicia, es decir, archivadas por distintas causas con o sin resolución expresa.

Del resultado se puede inferir que el 49% de las resoluciones dictadas son favorables a las Administraciones, a los reclamantes el 51%. Si lo comparan ustedes con los datos del Informe anterior, verán que ha aumentado en cuatro puntos, en comparación con el año anterior, el porcentaje de expedientes que finalizaron con una resolución favorable a los administrados.

Sin perjuicio de que -como apuntábamos en su día- con frecuencia un expediente puede afectar a varias Administraciones, podemos afirmar que la Administración que recibe más quejas -el 42%- es (sigue siendo, porque ocurre lo mismo año tras año) la Administración Local, y, dentro de esta, los Ayuntamientos han sido objeto de ochocientas setenta y tres quejas, las Entidades Locales Menores de cincuenta y nueve, y las Diputaciones de cuarenta y uno, las Comunidades tan solo de dos quejas. Las quejas contra la Administración Autonómica han bajado del 33 al 32%.

En cuanto a su procedencia, el 53% de las quejas -y es un dato interesante- tiene su origen en localidades distintas de las nueve capitales de provincia. Proceden de las capitales de provincia el 46% de las quejas. Y ello tal vez sea reflejo del esfuerzo que hacemos también, mis compañeros de trabajo y yo, visitando con carácter no ciertamente regular, pero frecuente, distintos núcleos rurales y semiurbanos de la Comunidad Autónoma.

El número de quejas individuales es de mil novecientas tres. El de colectivas, trescientas ochenta y ocho.

Por ello, creo que puedo afirmar que el número de personas que se dirigen al Procurador del Común, a pesar de alguna confusión a veces en los medios de comunicación, es superior -incluso muy superior- al de número de quejas. No podemos dar un número exacto de las personas que se dirigen al Procurador del Común, porque si bien en algunas quejas colectivas consta con exactitud el número de personas firmantes -por ejemplo, el año pasado tuvimos una queja con más de cincuenta y dos mil firmas procedente de la provincia de Palencia-, en otros casos, al tratarse de quejas presentadas por organizaciones defensoras de intereses sociales o económicos, no consta ese número con exactitud.

En cuanto a las resoluciones, se han formulado cuatrocientas cuarenta y ocho dirigidas a la Administración Autonómica y a los Entes Locales. Ciertamente, entre ellas hay algunas... hay resoluciones que se refieren a expedientes iniciados ya en años anteriores. Es inevitable. De ellas han sido aceptadas explícitamente por las Administraciones doscientas veintitrés. Al mismo tiempo, las Administraciones han comunicado la aceptación parcial de otras ciento cincuenta y seis y el rechazo expreso de sesenta, el rechazo expreso de sesenta motivado. A fecha de cierre del Informe, ignorábamos la respuesta de la Administración en el 33% de los casos de nuestras resoluciones.

En todos estos supuestos utilizo la expresión "resolución" en su acepción más genérica, es decir, comprensiva de todos sus tipos, incluidos, por ejemplo, los recordatorios de deberes legales. Pero utilizo la expresión "resolución" porque es la que utiliza la Ley Orgánica que regula la institución del Defensor del Pueblo, la que utiliza la Ley del Procurador del Común y la que utilizan todas las leyes reguladoras de instituciones análogas en otras Comunidades Autónomas.

Como ya dije en años anteriores, es muy difícil... sigue siendo muy difícil poder concretar el número de casos que han sido resueltos satisfactoriamente a raíz de la intervención de la institución. Hay asuntos que son resueltos antes de dictar la resolución, pero sin que nos conste de manera expresa en qué medida ello se deba a la intervención del Procurador del Común. Además, no es infrecuente que cuando una Administración recibe una resolución del Procurador exponga, por ejemplo, que está de acuerdo, pero que ya había decidido actuar en ese sentido antes de recibir mi escrito, con lo cual es muy difícil saber a qué atenerse en cuanto a la eficacia en no pocos casos de la institución de la que soy titular.

El Informe -como ven- recoge un anexo correspondiente a la liquidación del presupuesto, cuyo grado de ejecución fue del 96,54. El Servicio de Intervención de esta Asamblea Legislativa supervisa -como saben- la documentación contable referida a la liquidación.

El grado de colaboración de las Administraciones es, en principio, el 77%. Pero quisiera aclarar algo: este dato que damos del 77% -que más o menos se repite año tras año- es el resultado de una valoración -y muy discutible- del cruce de escritos referidos a expedientes de queja, cruce entre la Administración y el Procurador del Común. Y es un criterio que puede inducir a confusión en detrimento de la colaboración real, que es superior; acaba siendo superior a la indicada por ese porcentaje.

En ese 23% de casos en los que, en principio, parece que no se ha obtenido colaboración se incluyen aquellos en que el problema se ha solucionado durante la tramitación, antes de que la Administración haya llegado incluso a facilitar la información. A veces se soluciona la cuestión una vez que la Administración sabe que el quejoso se ha dirigido al Procurador del Común, y cabe pensar que, quizá, de haber insistido ante la misma, de haber reiterado la solicitud, la hubiéramos obtenido, pero es que no hizo falta. Pero eso, entonces, no consta como colaboración.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que son datos a fecha del cierre del Informe, en ocasiones esa información se ha obtenido con posterioridad al cierre del Informe. Por tanto, quiero repetir que ese 23% no significa, ni mucho menos, que todas esas quejas hayan quedado sin resolver por falta de contestación de una Administración. Bien.

La ley exige que exponga las causas que dieron lugar a las quejas. Como en años anteriores, vienen reflejadas en las áreas, tal y como voy a exponer. Conviene advertir -eso sí- que el encabezamiento de las áreas del año dos, del año anterior, no se corresponde con el empleado en la actualidad, que hemos cambiado a principios de este año, del dos mil tres, y, por otro lado, estamos valorando muy seriamente la posibilidad de llevar a cabo una nueva reorganización de las áreas, como consecuencia de la reciente reestructuración de Consejerías.

En el Área A, Función Pública, Régimen Jurídico de Corporaciones Locales, en ese apartado no solamente hemos atendido las quejas relativas a la convocatoria, realización y adjudicación de plazas en procesos selectivos de personal laboral y funcionarios, ya sean fijos o temporales, interinos o de carrera, sino también, y frecuentemente, aspectos de la Función Pública vinculados a los derechos del personal que presta servicios para alguna de las Administraciones Públicas.

Por citar algunos: entre otros, se tramitaron doce expedientes de queja contra la actuación de un empleado público de un Ayuntamiento de la provincia de Valladolid. Recibimos la información requerida tanto a la Consejería como al Ayuntamiento, y los expedientes concluyeron con sendas resoluciones a la Consejería de la Presidencia y al citado Ayuntamiento. Este no contestó -al menos no lo ha hecho todavía- a la resolución; sí había enviado la información. Y por lo que se refiere a la Consejería de Presidencia, de conformidad con nuestra resolución, nos indicó que había procedido a dar instrucciones para que se agilizara la terminación de los correspondientes expedientes disciplinarios contra ese empleado público.

Señorías, en su día envíe a diversas instancias un escrito sobre las fórmulas que se suelen utilizar en el juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, también la fórmula del juramento o promesa que se utiliza en estas Cortes -debo decir con todo los respetos-; y ello porque, insisto, con todos los respetos, creo que no siempre, no siempre se observa lo que proclama la Constitución Española en su Artículo 16, según el cual nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencias.

Mi argumentación está en el Informe, fue repartida también, como le recordaba, hace unos meses, y por eso no voy a añadir ahora nada más. Si acaso, permítanme decir que es como un modestísimo homenaje del Procurador del Común -y muy personal- al texto constitucional, cuyo aniversario nos disponemos a conmemorar a partir de ahora.

En otro orden de cosas, el manejo de la pirotecnia entraña siempre un peligro. De ahí la necesidad de extremar las precauciones para evitar los accidentes que su uso puede producir en fiestas y acontecimientos lúdicos en los que se concentra gran cantidad de público.

Estas consideraciones me llevaron a iniciar una actuación de oficio, dirigiéndome a los Alcaldes de los municipios de esta Comunidad para recordarles las medidas que deben adoptar, no solo por prudencia, sino también porque lo manda la ley. Se recabó información de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial sobre las actualizaciones concedidas en los últimos tres años en cada una de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma. Recibida dicha información se ha comprobado que las Delegaciones Territoriales de la Junta en algunas provincias no habían tramitado ninguna solicitud de este tipo en los tres años anteriores... en algunas provincias que recojo en el Informe.

Por otro lado, el criterio aplicado por las Delegaciones difería de unas provincias a otras, por lo que continúa la actuación de oficio emprendida con el fin de clarificar esta cuestión.

En defensa del derecho a la integridad física y a la vida -que tanto nos preocupa-, durante el año pasado continuaron las investigaciones sobre los tramos de carreteras en los que se localizan túneles, desde el punto de vista del ejercicio de las potestades de control y vigilancia. Para ello, nos dirigimos a la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en Castilla y León -cuya, dicho sea de paso, colaboración con el Procurador del Común es ejemplar-, con el fin de obtener información sobre las sanciones propuestas por infracciones a las normas de tráfico cometidas en esos tramos. Recibida la comunicación de la Comisión Regional -como siempre-, en escrito posterior se sugirió a la citada Comisión la búsqueda de soluciones que posibilitaran ese control en defensa del derecho a la vida y a la integridad física. La respuesta posterior de este órgano señalaba que "en la reunión celebrada -textualmente- por el Pleno de la Comisión Regional de Seguridad se acordó incrementar la vigilancia por parte de la Guardia Civil, sin perjuicio del control que se ejercerá mediante las cámaras instaladas en el interior de los túneles de una determinada longitud".

Área B. Urbanismo, Patrimonio, Servicios Municipales, Obras Públicas.

En el ámbito de las viviendas de protección pública, promovidas directamente por la Administración Autonómica, es de destacar la problemática generada por el retraso temporal en la entrega de aquellas, una vez que las mismas han sido adjudicadas.

Este problema se planteó, por ejemplo, en un expediente de queja, iniciado a instancia de varios ciudadanos, en el cual exponían que, habiendo obtenido definitivamente la condición de adjudicatarios en una promoción de viviendas de protección pública llevada a cabo por la Consejería de Fomento en la provincia de Segovia, aún no habían podido recibir, un año y medio después, las citadas viviendas por no ser susceptibles de ocupación. Los hechos constatados en la investigación desarrollada motivaron la formulación de sendas resoluciones a la Consejería de Fomento y al Ayuntamiento de El Espinar. Habiendo sido objeto de entrega las viviendas controvertidas tras las peticiones de información formuladas desde esta Procuraduría tanto a la Consejería como el Ayuntamiento, contestaron manifestando su voluntad de evitar en futuras promociones circunstancias como las que habían dando lugar a la queja, utilizando para ello los mecanismos jurídicos pertinentes.

Se instó a los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal, todas las enajenaciones de terrenos municipales clasificados como suelo urbano o urbanizable por el planeamiento urbanístico se realizasen mediante el procedimiento de concurso, salvo los supuestos -claro está- expresamente señalados en la Ley de Urbanismo.

Además, se recuerda en la resolución la obligación de que si el destino atribuido a los mencionados terrenos es la construcción de viviendas, estas deberán estar sujetas a algún régimen público. Esta actuación de oficio se desarrolló después de comprobar que con demasiada frecuencia la Administración enajena suelo de titularidad municipal utilizando el procedimiento de subasta, lo cual repercute negativamente en el precio de la vivienda y se compadece mal con lo que prescribe al respecto la Constitución Española.

Se instó a todos los Ayuntamientos de toda la Comunidad para que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo, se proceda a regular expresamente la obligación de equipar con sistemas de protección -como brocales, rejillas, etcétera- los pozos, depósitos o conducciones abiertas; elementos que -como se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, por desgracia- ofrecen un peligro evidente a cuantas personas transitan por los terrenos donde se encuentran, especialmente a los niños.

Esta Procuraduría instó a que, junto a ello, y una vez aprobadas las correspondientes ordenanzas reguladoras por parte de los Ayuntamientos donde se contemple lo expuesto, se establezca la posibilidad de actuar subsidiariamente en caso de incumplimiento.

En otro orden de cosas, como consecuencia de las investigaciones que se llevaron a cabo en materia de vivienda y urbanismo, se pudo comprobar la general ausencia de normas técnicas relacionadas con el diseño y la altura de las barandillas o antepechos de balcones, pasarelas, puentes urbanos, etcétera, así como de las ventanas.

Es importante recordar que a veces los medios de comunicación, por desgracia, hacen referencia a accidentes ocurridos como consecuencia de un deficiente diseño de estos elementos. A la vista de ello, se formuló en octubre del pasado año una resolución remitida a los Ayuntamientos de la Comunidad de más de dos mil habitantes.

Área C. Actividades Clasificadas y Medio Ambiente.

Dos son las cuestiones que parecen preocupar más -como siempre- dentro de esta área: la contaminación acústica y la insalubridad de las explotaciones ganaderas. En ambos supuestos se denuncia la pasividad generalizada de las distintas Administraciones -Local y Autonómica- ante las infracciones cometidas; pasividad que conlleva graves perjuicios a los afectados y que empieza a ser condenada, afortunadamente, por los Tribunales de Justicia.

Quiero poner de manifiesto la escasa diligencia de las Delegaciones Territoriales en la tramitación de los procedimientos sancionadores instruidos en materia de horarios de cierre, así como la insuficiente reacción administrativa frente a las conductas de infractores.

Es significativo, por ejemplo, el caso de una Delegación Territorial -viene en el informe-, la cual, tras múltiples denuncias por parte de los ciudadanos contra un disco-bar, inició cinco expedientes sancionadores, de los cuales tres habían prescrito, uno caducado y el otro se encontraba en tramitación. Ninguna sanción había sido impuesta por la Administración, con la consiguiente desesperación de los afectados.

Las motocicletas son otra fuente importante de ruidos ante la que Ayuntamientos y policías locales -por razones que ignoro- suelen mantener una actitud de pasividad casi absoluta.

En relación con las explotaciones ganaderas -tema espinoso y delicado, lo sé-, el principal problema radica en la falta de licencias, así como en las deficientes condiciones higiénico-sanitarias y ambientales de las mismas.

Existe un cierto temor en la Administración a la hora de hacer cumplir la normativa vigente para este tipo de actividades, principalmente en aquellos municipios eminentemente ganaderos, ante los perjuicios económicos que una aplicación -se dice- estricta de la ley podía suponer para muchas familias y, a la postre, para el propio pueblo.

Por ello, consideramos necesario incrementar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones, y reiteramos la necesidad de mantener las ayudas económicas a los ganaderos para que procedan al traslado de las instalaciones fuera de los cascos urbanos de las localidades, en cualquier caso.

Un año más tarde, ha sido necesaria la intervención de esta Procuraduría del Común en relación con la problemática generada por los daños causados a los ganaderos como consecuencia de la acción del lobo.

Aun cuando ya con anterioridad -lo recordarán- me pronuncié sobre la cuestión, la relevancia alcanzada por esta problemática y el número de personas firmantes de las quejas presentadas al respecto -hasta siete quejas colectivas-, algunas de ellas presentadas por las organizaciones agrarias más representativas, me pareció que exigía la formulación de una nueva resolución, y nuevamente se señala a la Consejería la necesidad de adoptar medidas efectivas que garanticen la compatibilidad entre la protección del lobo, al menos mientras no se modifique, en su caso -si es que se modifica-, la normativa que la establece, tanto a nivel comunitario como nacional, y el adecuado desarrollo de las actividades ganaderas en muchas de las zonas geográficas de Castilla y León; medidas tales como el incremento del grado de cobertura de los daños generados a los ganaderos que desarrollen su actividad al sur del río Duero, o la creación de ayudas dirigidas a fomentar actuaciones que prevengan esos daños económicos.

En otro orden de cosas, me gustaría referirme, siquiera sea brevemente, a la actuación relativa a las Órdenes anuales de prevención y extinción de incendios forestales.

Sigue considerándose necesaria desde esta institución la modificación de determinados aspectos de las Órdenes de lucha contra incendios, como puede ser la necesidad de someter a autorización el almacenamiento de maderas, leña y cualquier tipo de residuo agrícola o forestal en los terrenos forestales y en la franja de cuatrocientos metros de ancho circundante.

Esta recomendación no fue aceptada por la Consejería de Medio Ambiente, ya que, aunque anunció su intención de dar instrucciones al respecto a los agentes forestales, consideraba suficiente la legislación en la materia.

Se han recibido varias quejas relacionadas con la instalación de velatorios o tanatorios en zonas de uso residencial. La queja planteada por numerosos vecinos... numerosos vecinos del municipio de Benavente me permitió hacer un estudio en profundidad de esa problemática, llegando a la conclusión de que el Tribunal Supremo, en jurisprudencia totalmente consolidada, ha sentado que en el caso de que en los instrumentos de planeamiento no figure expresamente la instalación de un depósito sanitario mortuorio, dicha actividad solo podrá ser desarrollada en parcelas de uso industrial, declarándola expresamente incompatible con el uso residencial. Esa conclusión fue plasmada en la resolución que se dirigió al Ayuntamiento de Benavente, el cual, tras el correspondiente estudio, decidió aceptarla en marzo de este año.

Por otro lado, he podido comprobar a este respecto la existencia de criterios dispares en los informes que respecto a este tipo de expedientes emitieron las entonces Comisiones Provinciales de Actividades Clasificadas, por lo que nos dirigimos al Presidente de la Comisión de Prevención Ambiental para que por la misma se procediera a homogeneizar los criterios de las Comisiones Territoriales respecto a la instalación de los mencionados depósitos.

Área D. Educación, Cultura y Deportes.

Uno de los criterios de admisión de alumnos que genera mayor número de quejas es el criterio del domicilio y, sobre todo, del domicilio familiar.

Sobre este particular, esta Procuraduría del Común ha tenido la oportunidad de formular una resolución que ha sido aceptada por la Consejería de Educación y Cultura. Ello supone el establecimiento como documento que acredite el domicilio familiar del alumno a la hora de solicitar plaza en un centro educativa el certificado de empadronamiento, que deberá ser emitido como máximo en el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud de admisión.

También fue objeto de denuncia el elevado coste de los precios académicos que debían sufragarse por la prestación del servicio en el Conservatorio de León, respecto a las tarifas de matriculación existentes en otros conservatorios de la Comunidad.

En este sentido, puse de manifiesto a la Consejería la ausencia, desde el punto de vista de esta Procuraduría, de armonización de los precios públicos existentes y la necesidad de una política de mayor coordinación en beneficio de los alumnos. Con posterioridad a la fecha de mi resolución, la citada Consejería ha convocado una línea de ayudas para compensar los gastos del alumnado matriculado en los conservatorios profesionales de titularidad de la Administración Local en toda la Comunidad Autónoma.

Señorías, es cierto que la Constitución Española no aborda directamente la delicada cuestión que voy a abordar a continuación, y lo hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional -que yo sepa-, hoy por hoy al menos, tampoco ha dictado ninguna resolución abordando la problemática de la colocación de símbolos religiosos, de los crucifijos, en las escuelas de titularidad pública. Pero ello no debe ser óbice para que exponga mi postura al respecto, y haya emanado como consecuencia de las quejas recibidas una resolución dirigida a la Administración, a la luz de la legislación vigente, de la jurisprudencia y espero que del sentido común.

Es sabido que la confesionalidad del Estado está proclamada tanto en la Constitución como en la Ley de Libertad Religiosa. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, entre los aspectos de dicha confesionalidad, sí distingue lo que llama la neutralidad estatal ante el fenómeno religioso. Ello, entiéndase bien, pues es cuestión -no hace falta decirlo- harto delicada, no supone que por el mero hecho de permitir que en los centros escolares públicos existan símbolos religiosos se incumpla la obligación de neutralidad propia de la confesionalidad, incluso es perfectamente constitucional la existencia en dichos centros no solamente de crucifijos, de símbolos religiosos, sino también de lugares destinados al culto.

En este sentido, conviene añadir, conviene añadir que las quejas que he recibido no van dirigidas sin más contra la presencia de símbolos religiosos en dichos lugares, sino que se refieren a la presencia de aquellos concretamente en las aulas, es decir, en los espacios dedicados a la docencia.

Pues bien, estimo que cuando se coloca un símbolo religioso en un aula se puede estar imponiendo -nos guste o no el mismo- y obligando a todas las personas, incluso a los que no tienen esa o ninguna creencia, a contemplar un signo que, para bien o para mal, no comparten. Dicho con otras palabras: estaría vulnerando eso que se conoce como los aspectos negativos de la libertad religiosa, negativos en ese sentido, es decir, el derecho a no ser obligado a profesar una creencia religiosa.

¿Cómo se evitaría esa vulneración? No me parece que la solución pase por la colocación en las aulas de tantos símbolos como creencias.

La cuestión estriba en que entonces se estaría discriminando a aquellos que no tienen creencias religiosas, y es que ellos, en consecuencia, tan solo verían garantizado su derecho -aunque sean muy pocos en el aula- a la libertad religiosa con la ausencia de símbolos confesionales. De ahí que no parezca que exista otra forma de garantizar todos y cada uno de los aspectos de la libertad religiosa más que procediendo a retirar los símbolos religiosos de las aulas en los centros docentes públicos, cuando así lo solicite al menos alguna de las personas afectadas, salvo -como decía- en aquellos lugares específicamente habilitados al respecto.

En este sentido, me dirigí a la correspondiente Consejería, de cuya respuesta les daré noticia en el próximo informe, puesto que fue recibida con posterioridad al cierre de este último. Pero no tengo ningún inconveniente en transmitírselo, por supuesto, si alguno de ustedes está interesado en la misma.

Varias quejas recibidas en la Institución se refieren a casos de alumnos sordos en la etapa de Educación Primaria. En este sentido, han sido también decisivos los contactos mantenidos con representantes de diversas asociaciones, que pusieron de manifiesto la preocupación de este colectivo para que en futuro se evite la marginación que hoy por hoy sufren los niños con este tipo... que tienen este tipo de discapacidad.

Por otro lado, en el marco de la actuación de oficio me dirigí a todas las Direcciones Provinciales de Educación, cuyos informes, juntamente con las entrevistas mantenidas con distintas asociaciones de personas sordas, me han permitido saber que la problemática del alumnado sordo es muy diversa, que existen varias tendencias entre quienes defienden los derechos de ese colectivo. Y que es para mí, sin intentar entrar en las posturas que mantiene cada una de las asociaciones, motivo de preocupación el que los recursos existentes no sean suficientes, así como la escasa celeridad que a veces se ha observado en la atención de dicho alumnado.

En la actuación de oficio relativa a la convocatoria por la entonces Consejería de Educación y Cultura de cursos de perfeccionamiento de inglés joven en el Reino Unido y en Irlanda, se pudo observar que los precios públicos para acceder a dichos cursos eran idénticos para todos los participantes, sin tener en consideración las circunstancias económicas de las familias. Por ese motivo, se remitió a la citada Consejería una resolución en la que se propuso la fijación de un precio reducido, tanto para los componentes de familias numerosas -algo que ya se había previsto- como para los integrantes de núcleos familiares cuyas rentas fueran inferiores a una cuantía determinada, a cuyo efecto, se sugirió como criterio la renta media regional. Parece que la resolución ha sido atendida, al haberse previsto en la convocatoria de este año varios precios, dependiendo de las circunstancias económicas de las familias de los solicitantes.

Se ha instado a la Consejería de Educación y Cultura a que valore la posibilidad de ampliación de la actual composición de las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural con el fin de garantizar la necesaria presencia y representación de especialistas independientes de la Administración, organismos profesionales, instituciones y entidades o asociaciones vinculadas a la protección y conservación del patrimonio histórico.

Igualmente, esta Procuraduría solicitó que, con ocasión de la regulación de la composición y funcionamiento del Consejo del Patrimonio Cultural, se tuvieran en cuenta las consideraciones expuestas para el establecimiento de los diferentes miembros integrantes de dicho órgano, buscando, entre otras cosas, y quizá, sobre todo, la independencia de la Administración.

La necesidad de la intervención administrativa en la conservación del patrimonio histórico se puso de manifiesto, por ejemplo, en un expediente que continuó en el año dos mil dos, y que habíamos iniciado con anterioridad, relativo al importante deterioro que está sufriendo la Casa de la Moneda en Segovia.

Por otro lado, la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural me comunicó que, ante los reiterados incumplimientos del propietario del castillo de Grajal de Campos para acometer las actuaciones que aseguren su integridad y eviten su destrucción, la Administración procederá a ordenar la ejecución subsidiaria de las actuaciones necesarias.

La Junta me confirmó la incoación del expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de monumento el convento de San Agustín, en Madrigal de las Altas Torres. Después de los trámites desarrollados para garantizar la conservación del convento en el que vivió y murió nada menos... un personaje tan señero en la historia española, y en particular en la de Castilla y León, como Fray Luis de León, tanto o más cuanto... si es cierto lo que dice una placa, que... adosada a la fachada del mismo edificio, ahí hay todavía restos de Fray Luis.

Área E: Industria, Comercio, Turismo y Consumo. En el ámbito de la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, concretamente telefónicos, frente a posibles conductas abusivas, se planteó la problemática que supone la creciente conflictividad social derivada de la utilización de los denominados servicios telefónicos de tarificación adicional, en la actualidad, números de teléfono con los prefijos 803, 806 y 807. El motivo de la queja era la denuncia, con carácter general, de la abusiva utilización que de los números citados hacían determinadas empresas a la hora de ofertar sus puestos de trabajo.

A la vista de la información recabada en nuestra investigación, se constató la pasividad de la Administración Autonómica. En consecuencia, se procedió a formular una resolución a la entonces Consejería de Industria, Comercio y Turismo, instando a esta a que, de oficio, llevara a cabo actuaciones inspectoras dirigidas a verificar el efectivo respeto a los derechos de los usuarios con la finalidad de que, en su caso, se iniciaran por la Administración competente las actuaciones sancionadoras que procedieran. La resolución fue aceptada por la Consejería.

Área F: Agricultura y Ganadería. Se instó a todos los Ayuntamientos, con objeto de que adoptasen las medidas oportunas para que todos los propietarios de animales potencialmente peligrosos, aun cuando ya tuvieran una autorización municipal específica para la tenencia de los mismos, cumplan todos los requisitos previstos en la normativa jurídica que regula la tenencia de animales peligrosos. Igualmente, se pidió a los Ayuntamientos la creación, si aún no lo habían hecho, de un registro municipal de animales potencialmente peligrosos, clasificado por especies, en el que consten los datos exigidos. Además, se instaba a que se ejercieran adecuadamente las competencias punitivas, que entonces correspondían a los Ayuntamientos.

También nos dirigimos a la Consejería de Agricultura y Ganadería instándola a que procediese en el menor tiempo posible a adecuar la normativa autonómica a las normas estatales de directa aplicación en todo el territorio nacional. También las Diputaciones Provinciales fueron objeto de requerimiento al respecto por el Procurador del Común.

Área G: Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales. A principios del año dos mil dos se presentaron dos quejas sobre la crisis industrial de dos empresas. En la primera se denunciaba la precaria situación laboral de los trabajadores de una de estas, que podía suponer la finalización de sus contratos y la desaparición de la actividad industrial de aquella. Tras recabar la información relativa al conflicto indicado, el Procurador del Común no observó responsabilidad alguna ni del Ayuntamiento de Valladolid en sus actuaciones urbanísticas ni de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en el expediente de rescisión colectiva de los contratos.

En la segunda queja se ponía de manifiesto la crisis de la industria galletera Fontaneda en Aguilar de Campoo, suscrita esa queja por más de cincuenta y dos mil personas. Una vez analizada la documentación remitida por las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Industria, y con un enorme cuidado por no caer en el pecado de la demagogia, formulamos sendas resoluciones, que fueron aceptadas por dichas Consejerías; y que también tienen ustedes a su disposición en el Informe -¿no?-, por si les llama la atención que el Procurador del Común haya podido manifestarse al respecto también en estos dos supuestos.

Se presentó una queja sobre la penosa situación personal de un emigrante español nacido en la provincia de Burgos y que, habiéndose marchado a Argentina a los dieciocho años, había regresado a España, percibiendo únicamente una escasísima pensión de jubilación del Gobierno argentino. A la vista de la situación expuesta y de otras análogas que pudieran existir, se emitió una resolución recomendando a la Gerencia Regional de Servicios Sociales el establecimiento de un sistema de ayudas económicas para emigrantes castellanos y leoneses retornados mayores de sesenta y cinco años de edad que, cumpliendo todos los requisitos para percibir una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, no cumplieran el requisito del plazo legal de residencia en España. Así mismo, se sugirió la creación de una línea de ayudas para sufragar los gastos de primer establecimiento de los emigrantes retornados.

Las constantes demandas por parte de los afectados de una eficaz respuesta institucional de la organización sociosanitaria destinada a la asistencia del enfermo mental me obliga a insistir en las deficiencias que sigue ofreciendo el sistema de atención psiquiátrica de esta Comunidad Autónoma, y ello, a pesar de los avances experimentados.

Señorías, hay situaciones que no pueden esperar, por eso, aunque tampoco figuren en este Informe, quiero permitirme el hacer referencia a cuestiones que me han sido planteadas por una asociación de enfermos mentales y familiares en el marco de un expediente en curso en la actualidad. Pero no voy a esperar al año que viene. Se trata de algunos aspectos relacionados con la recientemente aprobada Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de Castilla y León tales como la financiación, los criterios utilizados para la medición del gasto en salud mental o, en fin, la insuficiencia real de las plantillas en ese ámbito.

Así mismo, también se ha planteado la disconformidad con el sistema de financiación del Segundo Plan Sociosanitario de Castilla y León, así como la supuesta falta de idoneidad de las denominadas unidades de respiro y de los tratamientos psicológicos a las familias.

En otro orden de cosas, junto a la necesidad tantas veces declarada de impulsar la dedicación de más recursos para hacer frente a las necesidades asistenciales de este colectivo tan desgraciado y demás mecanismos de apoyo a las familias, destaca, así mismo, la carencia, por ejemplo, de recursos específicos dirigidos a albergar a aquellos enfermos mentales, infractores penales, declarados exentos de responsabilidad.

En el marco de la actuación de oficio desarrollada en materia de integración de la comunidad gitana, como en años anteriores, celebré varias reuniones con responsables de asociaciones de dicha etnia, en las que se cambiaron impresiones, además de sobre cuestiones concretas, sobre las problemáticas generales de la vivienda, el trabajo y la escolaridad de los menores. Lamento, sin embargo, que, por razones ajenas a mi voluntad, y me atrevería a decir que también ajenas a la voluntad de la Administración, no haya podido celebrarse la reunión propuesta por mujeres gitanas y trabajadoras sociales sobre el papel de la mujer en el mundo gitano.

No puedo por menos, Señorías, de manifestar de nuevo mi profunda preocupación en este contexto de mi lucha por la integración de la comunidad gitana, pues, si por un lado se producen algunos avances innegables en el camino de la integración, son cada vez más alarmantes los estragos que, sobre todo en ciertos núcleos de población, está -a mi juicio- causando entre el pueblo gitano la delincuencia relacionada con la droga y todo lo que de ella deriva; entre otras cosas, además de la progresiva y preocupante pérdida de respeto entre sus gentes por quienes hasta ahora tenían autoridad en el mundo gitano, por un rechazo persistente por parte de la población mayoritaria no gitana, sobre todo de aquellos a quienes ha correspondido vivir a diario con el problema -en el barrio, en la calle, en la vivienda-, y a quienes más de una vez se descalifica demasiado fácilmente generalizando el calificativo de racistas.

Pero, por referirme a una actuación concreta, con resultado positivo, diré que durante el pasado ejercicio se retomó el asunto relativo a la habitabilidad de las viviendas infrahumanas situadas en el Camino de las Huertas, en Segovia, en el barrio de San Lorenzo, después de recibir reclamaciones de personas que residían en ellas. La alarmante situación de las viviendas ya había sido advertida por quien ahora está en el uso de la palabra en la visita que había realizado en el año anterior. En estos momentos, como consecuencia de la actuación de la entonces Corporación Municipal de Segovia, el problema de las dos familias que habían acudido al Procurador del Común yo creo que puede considerarse resuelto. Quiero suponer que de algo habrá servido la intervención del Procurador del Común.

Además de las actuaciones que como defensor del menor he realizado en defensa de los derechos de los menores, y de las que daba cuenta en mi intervención del pasado año, debo ahora añadir las siguientes:

A finales del año dos mil uno, esta Procuraduría inició una actuación de oficio, todavía en tramitación, dirigida a analizar aquellos aspectos de la intervención administrativa en los que algunos derechos de la infancia pueden verse comprometidos, ofreciendo una aproximación a la realidad general de los sistemas de protección y reforma. Dicho estudio se inició, entre otras, por las siguientes razones: la necesaria protección y defensa que por su falta de madurez física y mental requieren los niños y la preocupante situación en la que viven un cierto número de menores, aunque ya no sean tan niños, precisados del acuerdo... del adecuado ejercicio de una acción protectora acorde con el pleno desarrollo de su personalidad encaminada a su progresiva integración social.

Al mismo tiempo, se decidió abordar en ese estudio la situación de los menores infractores, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores que atribuye a las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores.

Con este análisis tratamos de constatar los medios con los que cuenta la Administración sujeta a la supervisión de esta Institución, que es la Administración Autonómica, para cumplir las funciones que le incumben en las materias mencionadas, comprobar si la respuesta de esa Administración es rápida y eficaz y, en su caso, proponer las modificaciones pertinentes.

Se ha recabado información, pues, de la Administración Autonómica y de otros organismos y Administraciones -he recibido toda la información requerida-, a fin de analizar las medidas de protección establecidas por la Administración en los casos de desamparo o en situación de riesgo, así como las impuestas judicialmente. Se ha visitado, además, el Centro de Referencia Regional destinado a menores infractores, y, en dos ocasiones, una serie de dispositivos dirigidos a menores de protección con riesgo de marginación. Del resultado de las investigaciones practicadas se dará cumplida cuenta a Sus Señorías en el informe específico que en su momento será remitido a estas Cortes.

Continuando con mi actuación como defensor del menor en Castilla y León, a propósito de las competiciones de karts que tienen lugar en esta Comunidad Autónoma -ya hablé de ello el pasado año-, después de haber observado que los participantes de algunos de los campeonatos eran niños de corta edad -no hablo ya de menores, niños de corta edad-, me dirigí a la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. En su informe, la Comisión me indicaba que en ocho de las Jefaturas Provinciales de Tráfico no se había tenido conocimiento de la celebración de carreras o competiciones en las que hubiesen participado niños de corta edad. Únicamente se señalaba que en León, la participación de menores en competiciones de karts era práctica habitual, bien en circuitos permanentes especialmente preparados, bien en circuitos temporales establecidos en el casco urbano.

Consultado el Reglamento, se comprobó que los menores pueden participar en estos campeonatos dentro de las diferentes categorías, fijadas en función de la edad, y que comienza en la edad de los siete años, de los siete años.

Como defensor de los derechos de los menores, no podía ser indiferente ante los riesgos que para su integridad se derivan de su participación en esas competiciones. Todo ello me llevó a dirigirme a la Federación de Castilla y León de Automovilismo para obtener información acerca de la posible existencia de límites de velocidad en las carreras de karts o, en su defecto, si la configuración de los coches impedía alcanzar velocidades elevadas en función de la edad de los conductores.

De la respuesta obtenida de la Federación se desprendía que, al tratarse de pruebas de velocidad, no existía ningún tipo de limitación de la misma -con lo que mi alarma creció aún más- únicamente la impuesta por la potencia de los motores. ¡Señorías, con niños de siete años al volante!

Esta afirmación me llevó a trasladar al Consejo de Deportes de Castilla y León la propuesta de establecer un límite de velocidad en las pruebas deportivas acorde con la edad de los participantes, solicitando que se abordara esta cuestión en la próxima sesión que celebrará... que celebrara el Consejo de Deportes. Estoy a la espera de la respuesta que me dé el Consejo y de lo que se haya acordado, en su caso, en esa sesión.

Señorías, no se puede negar que las instituciones vienen mostrando una creciente preocupación por los menores -la aprobación por estas Cortes de la Ley 14/02 es una buena prueba de ello- y, sin embargo, hay aspectos en la defensa de nuestros niños y adolescentes que parecen ser objeto de una cierta indiferencia por parte de los poderes públicos. Me refiero al olvido del que -a mi juicio- están siendo víctimas los niños y jóvenes, sujetos pasivos de eso que se ha dado en llamar impropiamente "pequeña delincuencia" -pequeña delincuencia no es para el que la sufre-, consistente sobre todo en robos y/o agresiones callejeras perpetradas por otros menores o por personas que ya no lo son. Es cierto que la lucha contra este tipo de peligrosas conductas corresponde sobre todo a la Administración de Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, siendo así que unas y otras caen fuera del ámbito competencial de esta Administración Autonómica, podría parecer que no sea el Procurador del Común la instancia más adecuada para manifestarse al respecto. De ahí, entre otras cosas, que, como Procurador, no haya iniciado aún ninguna actuación.

De todos modos, no quiero desaprovechar la ocasión hoy de esta intervención para exponerles mi preocupación, que es la de muchas personas. Si he decidido exteriorizar, al menos, mi inquietud es, aparte de por tratarse de un problema general que termina afectándonos a todos, porque la Administración Autonómica tiene reservado un papel -como decía hace unos momentos- en el campo de la ejecución de las sanciones impuestas a los menores infractores y porque, por su parte, los Ayuntamientos, a través en su caso de la Policía Local, están obligados también a actuar.

Y no es -entiéndanme bien- que como Procurador del Común haya recibido numerosas quejas al respecto; no. Son pocas e incompletas. Nunca incluyen, por ejemplo, el nombre del agresor; probablemente por las mismas razones que los Jueces o la Policía apenas sí reciben denuncias contra personas concretas -de ahí la escasez de datos-, y que se ha de temer que nadie los tenga más que en una mínima parte, pues, por lo que sé, no son pocos los casos en los que la víctima de la agresión prefiere no denunciarla por temer represalias del agresor, o de sus parientes, o del grupo de delincuentes al que pertenece. Tan solo quedará constancia en el Juzgado cuando en su caso la víctima haya necesitado de cuidados médicos, en la medida en que el colegiado está obligado a dar parte. Pero, por un lado, hay robos en los que no hay agresiones físicas en el sentido estricto de la expresión, aunque sí haya amenazas e, incluso, exhibición de armas. Y, por otra parte -como decía-, ante el Juez, la víctima, o bien ignora el nombre del agresor o, conociéndolo, prefiere silenciarlo por miedo a represalias. Además, es preciso tener en cuenta la afrenta para su dignidad y la humillación que supone para las personas afectadas el mero hecho de haber sido objeto de esas agresiones, robos y/o diversas violencias físicas; humillación que probablemente le llevará a ocultarlo.

Área H: Sanidad.

En el tema concreto de los derechos de las personas en relación con la salud, me he preocupado de diversas cuestiones, las cuales se concretaron en la apertura de dos actuaciones de oficio. En primer lugar, se ha preguntado sobre el tratamiento que han recibido los enfermos terminales y sobre cuáles eran las medidas a tomar en el entonces Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de las Personas en relación con la salud, con el objeto de asegurar un tratamiento adecuado del dolor, ya sea en régimen hospitalario o en el propio domicilio.

En segundo lugar, hemos actuado sobre otro de los problemas de la praxis médica, como la información que se debe de facilitar a los enfermos graves e incurables para su tratamiento. Esta actuación va dirigida a que los pacientes y sus familiares puedan ver satisfecho tanto su derecho a obtener, en términos comprensibles, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, como su derecho a no ser informados en los casos en que este sea su deseo y así lo manifiesten libremente.

En relación con la Atención Primaria, una de las cuestiones por las que acuden los ciudadanos a esta Procuraduría es para manifestar su disconformidad con la organización de las Zonas Básicas de Salud rurales, que sabemos es un difícil problema a la hora de encontrar una resolución, ¿no?, pero que ahí está y hay que afrontarlo. Revisten una gran complejidad debido a la dispersión y al alto grado de envejecimiento de la población.

A título de ejemplo, citaré el expediente abierto con motivo de una queja relativa a la disconformidad con la organización de la atención sanitaria en el municipio de Vega de Valcárcel. El mismo se resolvió instando a la Consejería y al Ayuntamiento, por una parte, a la aprobación de un reglamento de funcionamiento del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud Villafranca del Bierzo. Por otra parte, la articulación de las medidas tendentes a que los núcleos de más de cincuenta habitantes cuenten con consultorio local. Y por último, el establecimiento de un sistema de cita previa telefónica con el especialista en el centro de salud, para evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes. Esta resolución fue aceptada por la Gerencia Regional de Salud.

La Dirección General de Salud aceptó una resolución en virtud de la cual dicho centro directivo intensificará las labores de inspección y control de los establecimientos sanitarios destinados a tratamientos estéticos y dermatológicos.

En el Área de Justicia, pueden ustedes ver en el Informe un minucioso estudio, que se recoge en el apartado I del documento, en el que sugerimos al Defensor del Pueblo la conveniencia de instar una modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en lo relativo a la regulación contenida en la misma a propósito de la denominada cuestión de ilegalidad.

En el Área de Economía y Hacienda, a lo largo de este último año, como en años anteriores, se ha constatado una vez más que la mayor parte de las quejas referidas a algún aspecto tributario tiene por objeto la Hacienda Local, aunque también las hay dirigidas contra la Administración Autonómica.

En el ámbito de las actuaciones diversas, han sido varias las quejas presentadas en relación con las actuaciones desarrolladas por las Administraciones Públicas, en el afán de tratar de reparar a aquellas personas que sufrieron represalias, privación de libertad o muerte en la época de la Guerra Civil y de la posguerra españolas. Han sido tres las quejas presentadas en relación con la concesión de las ayudas económicas convocadas en su día por la Junta, con la finalidad de construir el cauce... constituir el cauce para el reconocimiento de la Comunidad a las personas pertenecientes al bando vencido que se vieron privadas de su libertad personal.

Una de ellas dio lugar a que esta Institución se pronunciara sobre la forma en la cual debía ser interpretada -a nuestro juicio- la norma reguladora de las ayudas incoadas. Tras recaudar la información correspondiente de la Gerencia de Servicios Sociales, se constató una rigidez excesiva a la hora de considerar los documentos acreditativos del cumplimiento, por parte de los solicitantes de la prestación, del requisito de privación de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía. Esta rigidez resulta incompatible con las especiales circunstancias -no hace falta explicarlo- en las que frecuentemente había tenido lugar aquella privación de libertad, así como con la propia finalidad perseguida por las ayudas. Así se lo hice saber a través de mi resolución a la Gerencia de Servicios Sociales, organismo que puso de manifiesto a esta Procuraduría su conformidad con los criterios interpretativos de la norma reguladora de las ayudas apuntadas por esta Institución.

También esta Procuraduría ha tenido conocimiento de la pretensión de personas físicas y jurídicas de recuperar la memoria, aun cuando sea simbólicamente, de aquellos que sufrieron persecución por razones ideológicas u otras en la época de la Guerra Civil y de la posguerra, a través, entre otras acciones, de la exhumación de sus cadáveres y del desarrollo de actividades en recuerdo de las que perdieron su vida en aquel período, en principio, por profesar unas determinadas ideas políticas y sociales; a veces, ni siquiera eso.

A la vista de las quejas presentadas, se iniciaron actuaciones dirigidas a verificar que la actividad de las Administraciones Públicas en este ámbito garantizase, de un lado, el cumplimiento del deseo legítimo de aquellos españoles que quieren dar sepultura digna a sus seres queridos y, de otro, el necesario consenso general al que sería oportuno que llegasen todas las instituciones públicas. Por ello, me dirigí, en solicitud de información, a la Administración Autonómica y a las nueve Diputaciones Provinciales de la Comunidad, y esa actuación continúa en la actualidad.

Se envió a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social una resolución por la que se insta a que se utilicen las medidas de colaboración previstas en el Ordenamiento Jurídico con las Entidades Locales, a fin de mejorar las condiciones y la integración sociolaboral de los temporeros. Como recordarán, es una actuación que comenzamos hace dos años y que continúa en la actualidad; en breve, me trasladaré de nuevo a Belorado, con objeto de ver la situación en el momento actual.

Aunque no figura en el Informe del año pasado, sí se inició el pasado año, y, por lo tanto, voy a hacer referencia a esta actuación. Es una actuación de oficio en un expediente con motivo de la celebración de un espectáculo taurino denominado Toro Vega, el Toro de la Vega, concretamente, el que se celebró en la localidad de Tordesillas en septiembre del año dos mil dos. Con posterioridad, tuvieron entrada dos quejas sobre este mismo asunto, alguna de ellas llegada de fuera de la Comunidad Autónoma.

Señorías, en esta actuación, como en otras análogas, no se trata de hacerme eco de la postura, harto discutible -y que yo no comparto-, de quienes mantienen que los animales tienen derechos igual que las personas. No. Quizá lo esencial de mi postura se contenga en unas palabras que debo a mi compañero de trabajo en la Universidad de León, el profesor García Cuadrado, cuando dice que la crueldad con los animales es una conducta totalmente rechazada por las sociedades modernas, y así se recoge en la legislación de muchos Estados, entre ellos nuestro Código Penal, con el fin de defender sobre todo la dignidad del hombre -de eso se trata, de defender la dignidad del hombre-, que actúa de forma indigna y moralmente reprobable cuando maltrata a los animales. Ya he recibido la respuesta de la Consejería de la Presidencia y estoy a la espera de la contestación del Ayuntamiento de Tordesillas.

El Departamento de Defensa del Ordenamiento Jurídico ha continuado con su actividad, ha hecho un estudio, un seguimiento de las leyes y demás normas que han sido objeto, en orden a la defensa del seguimiento, en orden a la defensa del Estatuto y a la tutela del ordenamiento jurídico. Sin embargo, es este un aspecto de nuestro Informe del que a partir de ahora tenemos intención de ocuparnos, puesto que va a empezar a funcionar el Consejo Consultivo y nosotros podremos así concentrarnos -si se nos permite- en funciones más propias de un Defensor del Pueblo, de una defensoría, como es la defensa de los derechos y la supervisión de las Administraciones. Pero, como quiera que sea, resumiré algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco de ese Departamento dos.

Como se recordará, en su día habíamos, a la vista... al haber recibido numerosísimas quejas por parte de personas de la tercera edad, habíamos hecho una resolución en la que se contenían varias propuestas a la entonces Consejería de Sanidad y Bienestar Social en... a propósito de las residencias de la tercera edad.

Pues bien, Señorías, transcurridos casi dos años desde que se remitió esa resolución, y a pesar de haber realizado varios requerimientos a dicho organismo para que remitiese su contestación a las propuestas, no consta en poder de esta Procuraduría comunicación definitiva al respecto; tan solo se recibió -sí, en su día- un breve escrito de la Gerencia de Servicios Sociales en el que se afirmaba que se tendría en consideración las propuestas en la medida de lo posible. A pesar de lo cual, creemos que, a la vista del decreto adoptado en su día por la Junta, hay algún aspecto de la resolución del Procurador del Común que sí ha sido tenido en cuenta, una, ¿no?

Se solicitó a la Gerencia de Servicios Sociales el establecimiento de una línea de ayudas económicas para las familias en las que se hayan producido partos múltiples y cuyos hijos tengan hasta tres años de edad por ser hasta dicha edad el periodo en el que las familias afectadas sufren una mayor... un mayor desembolso económico.

En otro expediente se estudió la convocatoria de ayudas por excedencia por cuidado de hijos, realizada por la entonces Consejería de Industria, Comercio y Turismo. En el escrito de queja se aludía a diversos defectos, fundamentalmente la lentitud con la que se tramitaban los expedientes, el escaso plazo previsto para la presentación de solicitudes. La reclamación fue atendida, y han sido elevadas varias propuestas a la citada Consejería. La resolución ha sido aceptada parcialmente por la Consejería destinataria de la misma.

La concesión de permisos por guarda legal a los funcionarios públicos ha determinado también otra actuación del Procurador del Común.

También en este Departamento de Defensa del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León se ha hecho -como siempre- un seguimiento de la situación del enclave de Treviño. Se han tramitado diversos expedientes en relación con los Ayuntamientos del Enclave, que -debo decir- han colaborado con esta Procuraduría respondiendo a mis peticiones de información.

No puedo dejar de poner de manifiesto -y voy acercándome ya al final, Señorías-, no puedo dejar de poner de manifiesto -como lo hice ya en mi intervención del pasado año- la falta de aprobación de los reglamentos de aplicación y desarrollo de la Ley de Régimen Local, de Defensa de Consumidores y Usuarios, de la Ley de Urbanismo, así como, dada la fecha -lejana ya- en que la misma se aprobó -hace más de diez años-, la Ley de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Pesca.

También pienso que sería conveniente que, a la mayor brevedad posible, la Junta procediera al desarrollo reglamentario de la Ley de Caza, cuyo único título desarrollado es el IV, relativo a los terrenos cinegéticos, y, por supuesto, de la Ley de Carreteras.

Había otras cuestiones que con más tiempo hubiese querido abordar, pero no me es posible, porque no quiero abusar de su atención.

Si acaso, decirles, Señorías, puesto que la cuestión está en la prensa con frecuencia, llamar la atención sobre un aspecto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local -ya sé que no es una ley autonómica, pero nos va a afectar-, y su posible repercusión en el funcionamiento del Procurador del Común. Quiero decir que en ella se habla de una comisión especial de sugerencias y reclamaciones que parece que tiene un campo de actuación coincidente con el de los Defensores del Pueblo, y que, sin embargo, como órgano administrativo interno que es esa comisión, cabe pensar que a su vez van a tener que estar sometidos a la supervisión de los comisionados parlamentarios, si alguien legislativamente no arregla el entuerto.

En otro orden de cosas, tras la reforma de la Ley, el Reglamento del Procurador del Común fue aprobado -como saben- el veintiuno de marzo, publicado el treinta y uno del mismo mes. También muy en breve, dentro de un par de días, les remitiré la RPT a que se refiere la Disposición Transitoria del mencionado Reglamento.

Y ya acabo, definitivamente, agradeciendo a estas Cortes en la persona de su Presidente, y también en especial a su anterior Presidente, don Manual Estella Hoyos, la atención que prestó a mis solicitudes de ayuda de personal y material.

Si acaso, y a la vista de los comentarios que se hicieron en este hemiciclo por algún Procurador y en otras instancias, incluido los medios de comunicación, en relación con la sede del Procurador del Común, quiero dejar muy claro que en estos momentos, en estos momentos, después de una reestructuración interna que se ha hecho en el edificio cedido en uso por el Ayuntamiento de León, no existe una necesidad inminente, inminente, de una sede nueva; lo que no debe ser óbice... no debería ser óbice -dicho sea con todos los respetos- para que estas Cortes, de las que dependo, debieran ir pensando con vistas al futuro en un nuevo edificio -como el actual- digno de la institución y representativo, fácilmente identificable y accesible para todas las personas -como el actual, pero un poco más amplio-.

Mi satisfacción... quiero expresar mi satisfacción por la labor desarrollada por mis colaboradores, así como por el personal funcionario del Procurador del Común, y quizá, en especial, puesto que se trata de la redacción del Informe, a la Asesora Jefe Beatriz Hidalgo, que ha jugado un papel fundamentalísimo en la coordinación del mismo. Perdón por el exceso en el tiempo utilizado. Muchas gracias, Señorías.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. (Aplausos). Para la fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Otero Pereira para una intervención de quince minutos.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Señor Procurador del Común, don Manuel García Álvarez, yo creo que -como hemos hecho en otras ocasiones- no es este el momento para que los Portavoces de los Grupos aprueben o reprueben su gestión. Evidentemente, no nos corresponde. Usted no viene aquí a examinarse; usted viene aquí a informar a estas Cortes de Castilla y León de su gestión. Pero, pese a que no nos corresponde, yo quiero decirle, una vez más, un año más, que nos mostramos satisfechos de la labor que usted y su equipo, que le acompaña, ha venido realizando también en este año. Es evidente que no es el primer año; es evidente que ya conocemos de hace tiempo su actuación al frente de la institución del Procurador del Común; y es evidente que a lo largo de todos estos años no ha recibido usted, no solamente de este Grupo, sino del resto de los Grupos, más que la felicitación y la aprobación por su gestión, que, desde luego, valoramos en cuanto es una gestión honrada y también en cuanto es una gestión eficaz, que podría serlo todavía más, probablemente por causas no imputable a usted -ya lo hemos dicho en alguna oportunidad-, podría ser más eficaz todavía, pero el grado de eficacia que hasta ahora ha venido manteniendo, con los medios que tiene -de los que también queremos hablar-, nos parece que es digna de mención y digna de aprobación, de aplauso y de reconocimiento. De tal manera que las primeras palabras sean para eso, para reconocer su labor y la de todo su equipo (evidentemente, porque este -como todos- es un trabajo en equipo).

Mire, como no podemos entrar, porque tampoco tenemos tiempo, en materias en detalle -tampoco creo que proceda-, sí quisiera hacer unas consideraciones generales o unos comentarios generales sobre datos que ha dicho usted.

El número de quejas se mantiene, más o menos, con respecto a otros años. Bueno, yo creo que eso hay que valorarlo en el sentido de que la Institución se ha consolidado ya. La Institución es madura, la Institución es mayor de edad, y la Institución es -lo más importante de todo creo yo- conocida por los ciudadanos; es decir, los ciudadanos podrán acudir o podrán no acudir -eso forma parte de su libertad-, pero conocen la existencia, la posibilidad y la opción que tienen de acudir al Procurador del Común, si así lo desean. Ese es un dato -insisto-, el mantenimiento en cuanto al número de quejas, que nos parece que denota la madurez del Procurador del Común.

En cuanto al número de quejas resueltas, mire, yo ya el año pasado recuerdo que me llamaba mucho la atención con preocupación, con mucha preocupación un dato. El año pasado -hablando del Informe del dos mil uno- nos decía usted que las quejas resueltas a favor de la Administración habían sido el 53% y el número de quejas resueltas a favor de los administrados fueron del 47... o en contra de la Administración el 47%. En el dos mil uno han variado algo los porcentajes: el 51% de las quejas le han dado la razón a la Administración, el 49% se la han quitado. A mí, de verdad, esto me sigue preocupando mucho. Me parece un dato tremendo. Me parece que una de cada dos quejas o en una de cada dos reclamaciones tenga razón el administrado, en un Estado de Derecho donde los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, me parece muy importante, peligrosamente importante, peligrosamente preocupante.

¿Cómo se le puede explicar a un ciudadano: "Usted reclame porque tiene el 50% de posibilidades de que le den la razón, porque la Administración se equivoca en el 50% de los casos"? Mire, son los datos del Informe. El 50%, el 49% de las quejas dan la razón al administrado. No lo estoy inventando yo. Me parece, de verdad, señor Procurador del Común, un dato para la reflexión, ¿no?, para reflexión de la Administración, no para la suya, de la Administración.

Y sí que me gustaría -hoy que tenemos... no sé si tiene usted ese dato, pero hoy que tenemos delante a la Administración Autonómica, que la tenemos presente-, sí que me gustaría saber si pudiera desglosarse o pudiera saberse, ahora o en futuro, de estos datos, ¿qué se corresponde con la Administración Autonómica? Es decir, de las reclamaciones contra la Administración Autonómica ¿cuántas le dan la razón a la Administración Autonómica y cuántas le dan la razón a los administrados. Ahí, yo creo que hay que avanzar mucho. No tengo yo ese dato. Si lo ha dicho, señor Presidente, luego me lo... me lo repetirá, porque no tengo yo ese dato.

El número de quejas referidas a la Comunidad Autónoma sobre el total son... o es el 33%, frente al 32 del año pasado. Bueno, eso me parece un dato positivo. Del mismo modo que el otro lo valoro negativamente, me parece positivo que en una Comunidad Autónoma donde se han asumido competencias importantes, especialmente la Sanidad -estamos hablando del año dos mil dos, año en que se asume la Sanidad, y que la Sanidad es por excelencia, quizá, una de la materias donde más queja de los ciudadanos hay por su importancia-, que el número de quejas relacionadas con la Administración Autonómica, incluyendo ahora en el dos mil dos la Sanidad -que no se había incluido en otras ocasiones-, siga manteniendo el porcentaje, me parece un dato positivo. Y las cosas como son: hay cosas positivas y hay cosas negativas.

Me gustaría preguntarle, don Manuel, me gustaría preguntarle si la reforma que hemos hecho -esa reforma que costó tiempo hacer, pero la reforma que hemos hecho de la Ley-, una reforma en la cual implicábamos más a las Administraciones que tienen la obligación de informarle a usted poniéndoles plazos, ha servido para algo. Si desde entonces, aunque todavía es reciente la aprobación, ha notado usted ya una mayor celeridad por parte de la Administración a la hora de responderle. Porque cuando hablábamos de eficacia, claro, evidentemente, el órgano, la institución del Procurador del Común será cuanto más eficaz... o más eficaz cuanto más obligue a las otras Administraciones a colaborar con usted, evidentemente. Si un ciudadano le planteaba una queja, usted pedía información a la Administración correspondiente y no le informaban, además de una falta de colaboración, de respeto hacia la Institución, había una indefensión por parte del ciudadano, que se iba a quedar sin que usted pudiera hacer nada, ¿no?

Por tanto, ¿ha notado usted que la reforma que hemos hecho, por unanimidad, en esta Cámara ha supuesto un avance, una celeridad y una mayor... un mayor grado de colaboración de las otras Administraciones en relación con la Institución? Me gustaría que en su segunda intervención me lo comentase, y ojalá que la respuesta sea positiva, porque entonces habremos hecho una buena reforma de su Ley.

También me gustaría preguntarle un dato que no ha dado usted: en esos supuestos de falta de colaboración -que, de verdad, a mí me parecen inauditos; me parece inaudito que haya Administraciones Públicas que no colaboren con el Procurador del Común-, ¿se ha visto usted obligado a lo largo del presente ejercicio -del dos mil dos, quiero decir, del que estamos hablando aquí- a acudir al Ministerio Fiscal, tal y como recoge... -imagino que para supuestos excepcionales, pero a veces se dan- tal y como recoge la propia Ley del Procurador del Común, pero también el Código Penal? Si ha necesitado usted en alguna ocasión dirigirse al Ministerio Fiscal por la desobediencia o falta de colaboración con la Administración.

Yo siempre le he dicho que, don Manuel, usted es... pide poco, es poco... es conformista... bueno, no sé si conformista, pero que necesita pedir más para su Institución, porque, de verdad, yo creo que la Institución merece más de lo que le aporta esta Comunidad Autónoma o estas Cortes, de la cual depende. Y me explico. Sigue teniendo su Institución el presupuesto más bajo de todas las Administraciones similares de todas las Comunidades Autónomas españolas; el presupuesto más bajo de todos los Defensores del Pueblo Autonómicos -sea cual sea su denominación- sigue siendo el suyo. Se quejaba, o lo comentaba usted en su intervención el año pasado, con un presupuesto de 261.000.000 de pesetas en el dos mil dos; vamos a ver cuándo... cuánto se le asigna ahora, en el próximo proyecto de presupuestos, que está a punto de debatirse en esta Cámara. Pero yo creo que ahí habría... desde luego, nosotros apoyaríamos un grado de exigencia presupuestario mayor. ¿Para qué? Pues para que, a su vez, no sea la Institución de todas las de España que menos trabajadores tiene. En una Comunidad grande, extensa, no muy poblada, creemos que veintinueve personas que estaban trabajando el año pasado -creo que no ha habido modificaciones en la plantilla- es insuficiente para atender con toda la diligencia... Bueno, ahora lo están haciendo, claro, pero con un sobreesfuerzo -no digo que no lo estén haciendo-, pero, quizá, de forma más holgada lo harían si hubiera más trabajadores. El año pasado solo Galicia tenía menos trabajadores; este año ya ni siquiera; Galicia, que ha aumentado la plantilla... es esta Comunidad la que tiene el menor número de trabajadores.

Y quiero referirme también, como una cuestión muy importante, a algo a lo que se refirió usted al final de su intervención, y que ha sido caballo de batalla por parte de este interviniente y de mi partido en los últimos años, y es en el tema de la sede. Nosotros estamos orgullosos de que la Institución del Procurador del Común esté en León, que es lo único que tenemos de esta Comunidad Autónoma, una de las poquísimas sedes que tenemos de esta Comunidad Autónoma. Por tanto, queremos que usted tenga una sede digna y un edificio digno. Hoy -para quien no lo sepa-, debemos decir que la sede del Procurador del Común ni siquiera es de la Comunidad, es del Ayuntamiento de León; es un edificio cedido en uso por el propio Ayuntamiento de León: la Casa del Peregrino, adosada a San Marcas. El lugar es emblemático, pero la sede no es funcional; es un edificio ya antiguo, no acomodado a las necesidades modernas de una Institución moderna como el Procurador del Común. Como digo, seiscientos metros cuadrados, de los cuales útiles son unos quinientos, aproximadamente, ¿no? Quinientos metros cuadrados útiles. Nos parece insuficiente.

Usted decía: "No es ahora mismo inminente el cambio de sede, no es ahora mismo inminente". Pues a lo mejor tiene razón. Pero piense que desde que se inician los trámites hasta que se puede trasladar usted a una nueva sede pueden pasar años -usted o su sucesor, evidentemente-, pueden pasar años. Claro, yo he oído comentarios... -y ahora me dijo el Presidente de la Junta- comentarios según los cuales -no sé hasta qué punto ciertos- se pretende trasladar al Procurador del Común a un piso, en León, a un... hay negociaciones para trasladarlo a un piso céntrico, pero que no dejaría de ser un piso; y eso hacerlo en breve. ¡Hombre!, a mí no me parece razonable. A mí me parece que una Institución como el Procurador del Común... ya sé que depende de las Cortes, señor Presidente; pero todos sabemos cómo es la división de poderes en esta Comunidad, ya sabemos hasta qué punto la independencia es independencia, del Legislativo. Bueno, vamos a dejarlo en la teoría. Entonces, cambio y me dirijo al Presidente de las Cortes. (Murmullos). Me da lo mismo, me da lo mismo.

Digo que la Institución del Procurador del Común exige un edificio yo creo que con cierto simbolismo, que sea ciertamente emblemático, que sea un edificio singular, no un piso en el centro de León; un edificio de nueva planta.

Quiero recordar que la Legislatura pasada, inmersos en esta batalla también, el Ayuntamiento de León ofreció gratuitamente, gratuitamente, terrenos urbanísticamente idóneos para ubicar la Institución en Eras de Renueva, y además en un lugar muy céntrico, inmediatamente muy próximo al edificio de servicios múltiples de la Junta de Castilla y León. Ahí hay parcelas para usos administrativos -urbanísticamente aptas, por tanto- que podrían acoger perfectamente la sede del Procurador del Común. No hay por qué gastar 8.000 millones de pesetas, como la nueva sede de las Cortes; si pedimos una cuarta parte. Yo creo que con 2.000 millones, o con menos -incluso-, se puede hacer una sede digna... (Murmullos). Se puede hacer una sede digna. ¿Les parece barata? ¿Le parece barata, señor Aguilar?

Pero, bueno, no es el momento, tampoco, de hablar de dinero, sino de voluntad de dotar al Procurador del Común de un edificio emblemático, de un edificio digno, en un terreno que a estas Cortes no le van a costar absolutamente nada, porque el Ayuntamiento ya aprobó en Pleno la cesión gratuita, y estoy seguro de que volvería a hacerlo gustosamente, además por unanimidad de todos los Grupos Políticos en el Ayuntamiento de León, como ocurrió anteriormente; y que por ahí podía empezar a hablarse. Si empezamos a hablar ahora de la nueva sede, quizá eso sería una realidad en dos, tres o cuatro años; de tal manera que podría ser este un momento perfecto para plantear esta cuestión.

En fin, a mí me gustaría que el tema no cayese en el olvido. Me parece sensato, me parece razonable y me parece, además, que coincide, don Manuel, con lo que usted ha dicho: no es inminente, no hace falta cambiarnos de hoy para mañana, pero sí es el momento de pensar en cuándo podemos trasladarnos a una nueva sede más funcional, más digna, y donde los veintinueve o treinta y nueve trabajadores que pueda tener en el futuro, pues, puedan trabajar con más espacio. Si hacemos una división matemática ahora entre los quinientos metros útiles -claro, hay que descontar lo que ocupan las mesas, lo que ocupan los muebles, lo que ocupan los armarios y los pasillos-, nos sale que para cada trabajador hay un espacio libre de siete u ocho metros cuadrados. Ese es el dato que hay ahora mismo en la sede del Procurador del Común.

En fin, termino... termino mi intervención, don Manuel. Me gustaría referirme a algunas cuestiones a las que usted se ha referido, pero, bueno, el tiempo apremia. Me llama mucho la atención algo de lo que ya hablamos hace un año, y no ha cambiado nada, y es esa queja suya sobre la falta de desarrollo reglamentario de las muchas leyes que aprobamos en esta Cámara; a mí también me sorprende. Aquí tenemos una actividad legislativa importante -especialmente en la última etapa hemos aprobado muchas leyes-, pero, sin embargo, luego no se desarrollan legislativamente. Y una ley sin desarrollar reglamentariamente, pues, la verdad es que es poco efectiva, ¿no? Ha puesto usted algunos ejemplos de algunas leyes. Especialmente sangrante es la falta de desarrollo de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, especialmente sangrante es esa, pero también las otras, evidentemente. Y sí que compartimos con usted esa preocupación. Legislar es hacer leyes, pero luego desarrollarlas. Aquí, en estas Cortes, estamos acostumbrados a hacer leyes, pero la Junta de Castilla y León tendrá también la misión de desarrollar esas leyes que aquí hacemos; además, con mucha celeridad, con mucha diligencia, en algunos casos con excesivas prisas. Pero bueno, en fin, no se puede decir que no se legisle en esta Comunidad y que no... o que se legisle poco en esta Comunidad.

El tiempo se agota, don Manuel. Agradecerle -como empecé- su intervención, agradecerle su trabajo y decirle que durante el tiempo que usted siga siendo Procurador del Común, y en la medida... o, en lo sucesivo, quien le pueda sustituir, siga por ese camino, siga por el camino de trabajar con eficiencia, con eficacia y, sobre todo, con algo a lo que me consta que a usted no le gana nadie, a usted y a su equipo: trabajar con imparcialidad y con honradez. Quizá sean las dos características más importantes que valoramos en un Procurador del Común: imparcialidad en su trabajo y honradez en su trabajo. Yo creo que esas dos condiciones las reúne... las reúne usted, y por eso ya no me quiero extender más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Procurador del Común.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Procurador. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villalba Álvarez, quince minutos.

EL SEÑOR VILLALBA ÁLVAREZ:

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, señor Procurador del Común. Reciba un cordial saludo de bienvenida del Grupo Socialista; recíbala usted, su Adjunta y todo el equipo del Procurador, todo su equipo, que ha trabajado mucho y bien -en ese Informe consta explícitamente-, y que es claro que ha dedicado muchísimo esfuerzo para que esa condición que, año tras año, ha reflejado la Procuraduría -la independencia en los intereses de los castellanos y leoneses, pero, sobre todo, la independencia en defensa de los intereses de los más débiles- haya podido, un año más, hacerse con claridad. Y ello no solamente se desprende de su explicación, sucinta, la que ahora ha realizado de su Informe extenso -que todos hemos leído y estudiado-, sino que es verdad, además, que la Institución del Procurador del Común de Castilla y León se ha ido en estos años configurando como una de las más valoradas y reconocidas de la Comunidad Autónoma.

Desde la descentralización de su sede -una lección para quienes piensan que solo se puede hacer Comunidad desde el Monasterio del Prado o desde el Colegio de la Asunción- y desde una sede lo más apropiada y digna posible, desde una sede que ahora mismo seguramente estrecha, poco a poco pueda ir acogiendo en capacidad, sin perder su estructura noble, el Procurador del Común de los próximos años. Yo le emplazo a usted, al Presidente de las Cortes, al Alcalde de León a comenzar a trabajar en este proyecto conjunto de dar al Procurador del Común, en León, la sede que de verdad necesita. Una referencia valiosísima, por cierto, para el Consejo Consultivo y el de Cuentas, que al comienzo de su andadura tomarán nota, a buen seguro, de su actividad, de su compromiso y de su capacidad de resolución, habida cuenta de que solo nueve años de trayectoria contemplan esa andadura y de que su presupuesto prácticamente es simbólico en relación con el presupuesto global de las Cortes Regionales. Estamos hablando de poco más de 1.500.000 euros en el año dos mil tres.

Hablamos, por tanto, de una Institución asentada, prestigiada y que, poco a poco, a ido superando aquella imagen inicial de cierta impotencia a la hora de hacer efectiva sus resoluciones, hasta convertirse en el brazo institucional de estas Cortes de Castilla y León, en la tarea común, con castellanos y leoneses, de auditar año tras año la situación real de las Instituciones de la Comunidad.

Pero hablamos también de una Institución que necesita más ayuda del Gobierno Regional, para que su grado de conocimiento se equipare al de su aceptación.

Leemos en su Informe que han llevado a cabo desplazamientos a varias provincias de la Comunidad -en concreto, a localidades de ámbito rural, seis provincias-, con una clara intención didáctica y de promoción de la Institución. Pero no hemos visto, en la amplísima y variada planificación publicitaria de la Junta, ninguna campaña, aun de pequeño o mediano nivel, destinada a potenciar la imagen del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León para la defensa de los intereses de los ciudadanos, de los menores y de los mayores.

Y nos gustaría también, señor Procurador del Común, conocer algún plan de renovación tecnológica que permita modernizar su funcionamiento; actualizar, desde luego -ya se lo digo-, la página web del Procurador del Común de Castilla y León, adaptarla a personas con discapacidad, e impulsar cuanto antes la entrada de quejas por internet, eso sí, con garantías razonables para la seguridad de los usuarios.

Señorías, permítanme destacar algunos de los temas analizados en el Informe, y que constituyen una excelente foto fija de los problemas que preocupan a los castellanos y a los leoneses.

Hemos hablado de eficacia en la labor del Procurador; efectivamente, la instrucción de dos mil trescientos diez expedientes, la conclusión de más de mil seiscientos confirman esa definición. Yo añadiría, además, objetividad y neutralidad; prácticamente, la mitad de las quejas se resuelven a favor de los ciudadanos, la otra mitad en contra. Pero tengo que denunciar, una vez más, que, a la inversa, siguen siendo la insensibilidad y la indiferencia las notas que caracterizan el comportamiento de algunas Corporaciones Locales (una de ellas, no voy a dar el nombre, ha declarado, año tras año, persona non grata al Procurador del Común) y, en buena medida también, de la Administración Autonómica.

El Informe es un catálogo de denuncias y atentados contra la transparencia, la democracia y/o la participación en el funcionamiento de determinados municipios. El Procurador del Común se ha convertido en la instancia -la única- ante la que representantes democráticos elegidos en procesos electorales acuden en busca de protección para el desempeño de sus funciones. Y del Informe se deduce que el Procurador ha recibido la más variada casuística: desde incumplimientos en la periodicidad de las Sesiones Plenarias hasta la falta de dictámenes, pasando por las negativas en el acceso a la información necesaria para el ejercicio de las funciones de Concejal o Diputado Provincial, así como el derecho a la participación en asuntos públicos.

Y quiero resaltar aquí el hecho, descrito y reconocido por el Procurador del Común, de que los Ayuntamientos afectados -todos- por situaciones de déficit democrático en su funcionamiento son Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular... (Murmullos). Todos. Léanse el Informe del Procurador del Común. ¿Reproducen quizás sus Alcaldes la devaluación de las formas y prácticas democráticas que se observa hoy, claramente, en los líderes de su Partido, en ámbitos autonómicos, en ámbitos nacionales, hoy aquí, incluso, en esta Cámara?

Sorprende, especialmente, la posición poco decorosa que varias Consejerías, muchas Delegaciones Territoriales, casi todas las Comisiones Territoriales de Urbanismo o de Patrimonio adoptan en relación con el trabajo del Procurador del Común.

Así, por ejemplo, la desidia de la Consejería de Fomento, que no facilita, en dos mil dos, datos requeridos sobre adjudicaciones de viviendas de protección oficial. La desatención de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo a las recomendaciones del Procurador, en relación con denuncias de invasión de terrenos de propiedad particular. La colisión permanente de la Consejería de Agricultura con este Comisionado, que ha tenido que recordar al señor Valín que el ámbito de actuación del Procurador del Común se extiende a toda actuación de la Administración Autonómica que comporte una decisión de voluntad que afecte a los derechos de los ciudadanos. Los retrasos en las respuestas de la Consejería de Educación y Cultura sobre determinadas obras y actuaciones en el área del patrimonio histórico-artístico de Castilla y León, o la evasión permanente de responsabilidades de la misma Consejería con respecto a disfunciones evidentes en el seno de determinadas federaciones deportivas; algún ejemplo ha recordado el Procurador en su intervención.

Pero es verdad que el Informe que hoy nos ha sido presentado es especialmente severo con la Consejería de Medio Ambiente, tanto por la dilación en las respuestas y la falta de información a los ciudadanos como por su negligente defensa de los espacios naturales. Por ejemplo, el informe positivo, no motivado, para permitir la explotación de dos minas de baritina y carbonato cálcico en el Espacio Natural de Hoces de Vegacervera, contra los informes técnicos de sus propios Servicios, es el mejor exponente de que la Junta de Castilla y León y los derechos de los ciudadanos transitan, a menudo, por senderos diferentes.

Señorías, las quejas que recoge el Procurador se hacen eco del malestar, individual o colectivo, de los ciudadanos ante el trato que reciben de las Administraciones Públicas; y cuando ese malestar se reproduce año tras año, por falta de una respuesta administrativa adecuada, revela la existencia de problemas crónicos en una Comunidad.

Cabe, pues, preguntarse si la persistencia o el aumento de quejas o actuaciones de oficio, en temas tan sensibles como vivienda, educación, sanidad, personas mayores o con discapacidad, no es sino un indicativo claro del deterioro de los servicios públicos, de la propia gestión de las Administraciones o de la vulnerabilidad de nuestro estado del bienestar.

Y quiero resaltar que el Informe del Procurador del Común no se limita a la descripción de problemas; aporta alternativas para su solución, de forma que, si se le sigue -y nosotros, desde luego, nuestro Grupo lo va a seguir-, constituye -puede hacerlo- una auténtica guía de buenas políticas para el bienestar de los castellanos y de los leoneses.

Un ejemplo: el año pasado fue un año negro en cuanto a crisis industriales, un año problemático. El propio Procurador insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y las medidas de apoyo a las empresas de la Comunidad; es el caso del compromiso, ya reiterado, del Procurador del Común con la defensa de los más débiles, de los más desprotegidos. Muchas de sus denuncias y sus propuestas -es verdad- coinciden con iniciativas planteadas aquí. Pero, con independencia de esto, quiero felicitar expresamente al Procurador por su compromiso claramente social; y estoy seguro que esa actitud tiene que ver con el grado de aceptación de la Institución que representa.

El Procurador del Común, así, ha denunciado la situación de los matrimonios mayores de sesenta y cinco años de edad, en los que uno de los miembros percibe una pensión de jubilación mínima; su cónyuge no puede hacerlo. Propone modificar la normativa estatal en una actuación de oficio del Defensor del Pueblo.

En ese mismo tono, el Informe aboga por una mejora y un perfeccionamiento en el sistema de acción social de esta Comunidad Autónoma, para paliar las discriminaciones sociales y familiares que la actual estructura del ingreso mínimo de inserción está produciendo.

O, en relación con los emigrantes, el Procurador reclama ayudas para paliar también los problemas económicos de los ciudadanos de Castilla y León mayores de sesenta y cinco años, que emigraron a países latinoamericanos en los años cuarenta-cincuenta y no pueden volver por carecer de recursos.

Y, como en años anteriores, una de sus demandas constantes es la necesidad de centros para atender a personas discapacitadas y solucionar las dificultades que sufren las familias. El Informe, por cierto, vuelve a reclamar otra política de salud mental, da un toque claro a la política del Gobierno en este campo y pide plazas residenciales para enfermos mentales que no pueden convivir con su familia.

Insiste -lo sigue haciendo el Procurador del Común- en las residencias de tercera edad, resultan insuficientes las que ahora mismo se están ofertando. Listas de espera para acceso a plaza, públicas o concertadas, listas de espera a veces tristemente interminables.

Es verdad que, en sanidad, las quejas sobre las deficiencias en la organización de las zonas básicas de salud, o las condiciones de consultorios locales, o la falta de pediatras en zonas rurales, o las quejas también sobre las listas de espera, las reclamaciones sobre el sistema de urgencias, etcétera, otros años se hacían, evidentemente, apelando a la responsabilidad del Gobierno Central. Hoy es la Junta de Castilla y León quien debe arbitrar soluciones.

Y soluciones también en educación, para la insuficiencia de plazas en educación infantil cero-seis años, para los problemas de transporte escolar, para las deficiencias en edificios escolares y las graves carencias de personal o medios materiales. Quejas planteadas la mayor parte, por cierto, ya en el Informe de dos mil uno. Y quiere decir que el Gobierno, que la Junta de Castilla y León ha hecho caso omiso de la mayor parte de ellas.

Pero qué duda cabe -y voy terminando- que es la vivienda, la vivienda asequible, una de las preocupaciones permanentes del Procurador; así lo manifiesta en su Informe. Mientras algunos cada mañana repiten ante el espejo las bondades de supuestas políticas a favor de la vivienda asequible para todos, el Procurador denuncia el destino de suelo público patrimonial para la construcción de viviendas libres y por el método de subasta, a pesar de lo establecido en la Constitución, en la Ley del Suelo y en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Recuerda a continuación a los poderes públicos, el Procurador, la obligación de orientar el desarrollo de la legislación urbanística, con el fin de garantizar el acceso a esa vivienda digna a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

El retraso o la falta de explicaciones en la adjudicación de viviendas públicas -ya lo hemos dicho-, la dilación en su entrega, la ya citada -también- ausencia de reacción administrativa en las deficiencias sobrevenidas y, en fin, la situación global de la vivienda en Castilla y León son algunas de las conclusiones del Procurador en el amplísimo apartado, por cierto, que dedica a este área.

Yo le animo, señor Procurador del Común, a usted, a su equipo, a continuar este trabajo, este buen trabajo; a seguir garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los castellanos y leoneses, a la Constitución, a nuestro Estatuto, y a seguir siendo la voz de los que a menudo no tienen voz.

El Grupo Socialista -aunque sé que no le gusta a veces- tomará buena nota de sus advertencias y de sus propuestas. A la inversa, permítame recordarle la situación de miles de jóvenes de nuestra Comunidad que tienen en el desempleo y en la falta de oportunidades, y en la imposibilidad de optar en igualdad de condiciones al trabajo en las Administraciones Públicas, el más grave de sus problemas.

Y yo le invito, más que a hacer una reseña, que a mi juicio ha sido breve en este Área, le invito a actuar de oficio y a reflejar en su próximo informe, en el del año dos mil tres, un apartado específico, denso y ambicioso sobre esta problemática. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias, señor Procurador. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Santiago Juárez. Quince minutos.

EL SEÑOR SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Señor Presidente. Quisiera comenzar, señor Procurador del Común, agradeciéndole muy sinceramente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su comparecencia aquí esta tarde, aun cuando la misma sea una necesidad derivada de las obligaciones de la ley reguladora de la Institución que usted dirige.

Es ya un clásico comenzar este periodo de sesiones plenarias de las Cortes de Castilla y León dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley del Procurador del Común, como alto comisionado de esta Cámara para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico y la defensa de nuestro Estatuto de Autonomía.

También quiero que mis primeras palabras sean de saludo y agradecimiento a todos sus colaboradores; y quiero que estas palabras sean, al mismo tiempo, de agradecimiento por el esfuerzo, por el trabajo de la Institución, que ha dado su fruto en este Informe que hoy se ha presentado. Y, también, por el esfuerzo de síntesis en la propia presentación, que, evidentemente, tiene que resumir en unos pocos minutos lo que es un contenido denso, un contenido prolijo, al que en sus aspectos fundamentales se ha referido el señor Procurador del Común.

Es, en efecto, el octavo Informe anual que presenta ante esta Cámara. Y yo lo calificaría, sin duda alguna, como un informe riguroso y sólido, coherente con la línea de trabajo de anteriores informes, y, sin lugar a duda, francamente, bien hecho. Pero este bien hacer, y en este equilibrio que desprende su Informe, se detecta claramente su alto nivel de exigencia con todos: con la Administración y con los administrados; el equilibrio entre derechos y deberes; entre derechos y responsabilidades de la Administración, de la sociedad y del común, o, de lo que es lo mismo, de los ciudadanos. Y eso hace que cada año su Informe tenga un mayor grado de exigencia; lo que, sin lugar a ninguna duda, y olvidándonos de las tentaciones de utilización partidista de algunos, a nuestro Grupo también nos congratula.

Una primera conclusión que nos gustaría señalar en lo referente el contenido del Informe y al contenido de su intervención es la de la normalización. Le decía que su intervención ya es un clásico del inicio del curso parlamentario, en donde asistimos a la concreción normalizada de un año de intenso trabajo de usted y de su equipo. Pero esta normalidad, dentro de este marco de debate político y de ideas que son las Cortes de Castilla y León, nunca, afortunadamente nunca, estará exenta de riesgos y tensiones, e, incluso, de intentos de rentabilización inmediata de algunas de sus recomendaciones o dictámenes. Pero, en definitiva, es, y debe seguir siendo, una intervención dentro de la normalidad; y eso, sin duda, al Grupo al que represento nos alegra.

Antes de entrar a analizar el Informe, me gustaría dejar bien claro en esta Tribuna que respetamos y alabamos la encomiable tarea desarrollada en estos años por el Procurador del Común, que, sin duda, está contribuyendo notablemente en la mejora de la actividad, o de las actividades, de las Administraciones de la Comunidad Autónoma a través de sus sugerencias y determinaciones y, sobre todo, está contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León a través de las diferentes soluciones e iniciativas que viene planteando.

Pero, dicho esto, me va a permitir que le transmita una pequeña objeción. Una pequeña objeción que surge, o que me surge revisando los antecedentes de sus intervenciones ante esta Cámara, y que ya fue planteada por el Portavoz del Grupo Popular en mil novecientos noventa y siete. Es una objeción desde un punto de vista puramente formal, que no es otra cosa que la voluminosa documentación que compone el Informe que nos acaba de resumir, y que está compuesto por nada más ni nada menos que dos mil seiscientos folios, más del doble, más del doble que hace pocos años, hace seis años, cuando ya el Portavoz del Grupo al que represento le hacía esta pequeña objeción; más del doble que, cuando hace seis años, en mil novecientos setenta y siete, le hacíamos esta pequeña objeción, si me permiten, esta pequeña recomendación, por utilizar el léxico del Procurador del Común.

Y esta voluminosa documentación da, en principio, como un leve rechazo; lo que, sin duda, dificulta entrar a examinar en detalle y profundizar en el Informe.

En aquella época, en el año setenta y siete, las quejas superaban en más de doscientas a las del presente año: mil setenta y siete folios y más quejas; y el número de folios de su Informe en aquel año fue mil setenta y siete folios, con más de doscientas quejas que este año.

Es decir, es decir, a menos quejas más folios, con lo que esto supone de dificultad para analizar el Informe... (Murmullos). Con lo que esto supone de dificultad para analizar el Informe.

Si a esto añadimos... si a esto añadimos que la realidad de informes de instituciones similares a la del Procurador del Común en otras Comunidades Autónomas es bien diferente, esto nos debería hacer reflexionar si no es posible encontrar alguna otra fórmula que nos facilite el examen de la documentación presentada.

Y esto para nada significa que no estemos de acuerdo con los Portavoces de otros Grupos en lo referente a que su Informe constituye un excelente trabajo para conocer algunas realidades de nuestra Comunidad Autónoma. Pero supongo que estarán conmigo en que los más de dos mil seiscientos folios no son manejables, ni operativos, ni prácticos. Pero no solo para los Grupos Políticos representados en esta Cámara, sino también para los ciudadanos y para el común, y para los profesionales de los medios de comunicación, que, en definitiva, son los que trasladan las conclusiones de su Informe y el debate que aquí se suscita a la opinión pública.

Parece claro que aquella objeción de hace seis años, aquella recomendación que se hizo hace seis años no ha sido atendida... si seguramente no ha sido atendida por una razón tan sencilla, porque no ha sido posible atenderla, porque no ha sido posible atenderla. A veces, a veces, Señorías, las recomendaciones no es posible atenderlas.

Y esta voluminosidad de su Informe, estos más de dos mil seiscientos folios estoy convencido que también son los responsables... y se lo digo con todo respeto y con mi mayor consideración como alto comisionado de estas Cortes, pero desde la lealtad crítica, le digo que han sido los responsables de algunos excesos literarios y de algunos errores estadísticos... y algunos errores estadísticos, que, en nuestra humilde opinión, resulta aconsejable corregir. Y, quizás, no se producirían estos errores, o sería más fácil de detectar por sus colaboradores, si el número de folios fuese menor. (Risas).

Le voy... le voy a poner... le voy a poner solo... (Murmullos). Le voy a poner solo un ejemplo (para, así, no caer yo en la misma tentación de hacer un informe excesivamente prolijo). Y es un ejemplo sencillo, que no debe dar lugar a ninguna interpretación; no voy a pararme a analizar -porque se podría interpretar lo que he denominado excesos literarios-, sino voy a ir al terreno de la estadística. Y si revisa su Informe, si revisa su Informe -que... como lo han revisado; aquí se ha dicho, en esta Tribuna, y se ha estudiado en profundidad por todos los Grupos-, si revisa su Informe, se dará cuenta, por ejemplo -y solo le pongo un ejemplo-, que en el cuadro donde se recoge la procedencia territorial de las dos mil trescientas quejas del año dos mil dos, aparece en la provincia de León un número determinado de quejas que no coincide -ese número-, que no coincide con lo que aparece ocho páginas después de su Informe, cuando se analizan según núcleos de población. Un error a veces solo es un error; es un error humano. Sin duda, un error que entendemos es fruto de la voluminosidad de su Informe; pero también, sin duda, no es el único que aparece. Y le aseguro que lo que acabo de trasladarle no es ninguna queja; pero también es cierto que algunas -quizás las menos, seguro que las menos- de las dos mil trescientas diez quejas que aparecen en su Informe no son más que errores humanos.

Para nuestro Grupo, las principales notas que caracterizan el Informe del año dos mil del Procurador del Común de Castilla y León son los siguientes puntos:

En primer lugar, se aprecia claramente una leve disminución del número de quejas: hemos pasado de dos mil trescientas sesenta en dos mil uno a dos mil trescientas diez en dos mil dos; de las que solo se admitieron mil doscientas sesenta y cuatro, produciendo en prácticamente todas las áreas de estudios un descenso del número de quejas; eso sí, manteniéndose al igual que el año pasado el número de nueve quejas por diez mil habitantes.

Y, en segundo lugar, destaca la mayor implantación de la Institución, como han recordado todos los Portavoces que me han precedido. No solo por los ocho años transcurridos desde su creación y puesta en funcionamiento, sino, más bien, por el esfuerzo personal del Procurador del Común y de su equipo para estar presentes en todo nuestro territorio. Un año más, han continuado ustedes con el plan de desplazamientos por diversas localidades de la Comunidad Autónoma, "lo que contribuye" -y cito literalmente frases del Informe- "a incrementar la presencia de la Institución, a acercar la misma a las zonas rurales y a facilitar la presentación de quejas". También por este esfuerzo y por este interesante plan de desplazamientos le queremos felicitar, pues acercar las instituciones a nuestra extensa geografía no es tarea fácil, pero es absolutamente necesario para tener un mejor conocimiento -como usted señala en su Informe- de la realidad social de nuestra Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, de su Informe se desprende que, año tras año, mejora también el grado de colaboración de las Administraciones, teniendo en cuenta las dificultades que entraña la confección de estadísticas sobre el grado de colaboración de las diferentes Administraciones -usted mismo lo cita así-; y el grado, según los datos de su Informe, está en torno al 77%.

En cuarto lugar, se detecta, al realizar un estudio pormenorizado de su Informe en lo referente a los expedientes de queja en relación a las Administraciones afectadas, que desciende el porcentaje y el número de quejas en todas las Administraciones excepto -como han señalado otros Portavoces- en la Administración Local.

En quinto lugar, se observa una mejor aceptación de las diferentes Administraciones de las resoluciones y recomendaciones del Procurador del Común. Así, durante dos mil dos dictó, según el Informe, cuatrocientas cuarenta y ocho resoluciones, que, en el momento del cierre del Informe presentado hoy ante esta Cámara, no se conocía la postura de la Administración en ciento cuarenta y nueve. Es decir, de cuatrocientas cuarenta y ocho, desconocíamos la postura de la Administración en ciento cuarenta y nueve. Es decir, la Administración se había posicionado a la hora de emitir este Informe solo sobre doscientas noventa y nueve resoluciones, y había aceptado expresamente doscientas veintitrés sobre doscientas noventa y nueve, y parcialmente dieciséis. Es decir, el nivel de aceptación, sin lugar a ninguna duda, no es del 50% -como aparece en la página dos mil cincuenta... dos mil quinientos veintidós del Informe-, sino mucho mayor; es más... casi... aproximadamente, mayor del 81%, dado que en el Informe... dado que en el Informe se calculan los porcentajes sobre el total de las resoluciones, pero sin conocer el grado de aceptación del 33%.

Y, finalmente, también se refleja en el Informe del Procurador del Común, aunque es bien conocido por todos, el alto nivel competencial de la Administración de la Comunidad Autónoma, y lo que es más importante: el alto nivel o el alto grado de conocimiento de los ciudadanos de que las últimas competencias asumidas por la Junta de Castilla y León son gestionadas por ella misma.

De estos seis puntos que le acabo de exponer, podríamos fácilmente sacar alguna conclusión de cierto interés:

Primero. El Procurador del Común cada día es más conocido y valorado por los ciudadanos, gracias al esfuerzo de él y de su equipo.

Segundo. Las competencias que gestiona la Junta de Castilla y León cada año son mayores y, además, gestiona aquellas que de una manera u otra repercute más en la calidad de vida y el bienestar de los castellanos y leoneses.

Tercero. Los ciudadanos conocen mejor que esas competencias son gestionadas por la Junta de Castilla y León.

Cuarto. Cada año el número de quejas ante el Procurador del Común disminuye.

Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas parece que no van mal, en cuanto a las Administraciones de Castilla y León; parece que no van mal porque menos quejas, más conocimiento, más valoración y más competencias... (Murmullos). Excepto, excepto, excepto, a la luz de este debate parece que todo va bastante bien y a la luz de su Informe, excepto -lo tengo que reconocer- por lo que aquí ha suscitado, excepto del problema de su sede, que es lo que han dedicado más tiempo los demás Portavoces; el mayor problema de esta Comunidad Autónoma, según el Informe del Procurador del Común, es su sede, según Sus Señorías.

Una vez hechas... desconocen el Reglamento, porque ni siquiera han llegado al Artículo 13.

Señorías, una vez hechas estas consideraciones generales, me van a permitir, me van a permitir, me van a permitir que, brevemente, analice algunos aspectos concretos del Informe que tan brillantemente nos ha presentado el Procurador del Común.

Destacar, en primer lugar, las actuaciones de oficio realizadas durante el año dos mil dos, porque denotan la especial sensibilidad de la Institución por problema sociales, por problemas que afectan a los sectores más desfavorecidos y, desde luego, que requieren una especial atención no solo por el Procurador del Común, sino por todas las instituciones y Administraciones. Estamos hablando... estamos hablando de personas con discapacidades, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de la comunidad gitana, y estamos hablando de pacientes psiquiátricos crónicos de larga evolución y de mal pronóstico.

Y si me permiten, en este punto, de los pacientes psiquiátricos crónicos de larga evolución y mal pronóstico, el Procurador del Común no ha podido... no ha podido evitar -y se lo agradecemos desde mi Grupo- citar dos cuestiones de máximo interés, pero que corresponden al año dos mil tres, que es el segundo plan o la Segunda Estrategia de Salud Mental, que se aprobó en la primavera del dos mil tres, y el Segundo Plan Sociosanitario, que se aprobó en la primavera del dos mil tres, que no corresponden al Informe del dos mil dos, sino son planes aprobados recientemente. Y, curiosamente, con la importancia que da en su Informe al problema de la vivienda, se le olvidó citar el Pacto del Suelo, firmado por la mayoría de los Ayuntamientos de Castilla y León y la Comunidad Autónoma, que se produjo en noviembre del dos mil dos.

Si bien es cierto que con ocasión de la presentación hace años del informe sobre unas de estas cuestiones, sobre la reforma psiquiátrica, y ocupando quien les habla otras responsabilidades políticas, fui especialmente crítico con aquel informe sobre la ya conocida reforma psiquiátrica, hoy debo decir y quiero decir en esta Tribuna que, gracias a algunas de sus consideraciones y recomendaciones, se han diseñado, afortunadamente, nuevas estrategias, nuevos recursos para dar respuesta a algunos... al grupo de pacientes psicóticos.

Aunque dentro de este campo de la salud mental me resulta difícil estar de acuerdo con el Alto Comisionado con la recomendación -insistente recomendación, por otra parte- de que se cree por parte de la Administración Autonómica algún tipo de recurso específico dirigido a albergar a enfermos mentales inimputables -es decir, aquellos que los órganos judiciales declaran exentos de responsabilidad criminal-, pues, como bien saben todas Sus Señorías, este tipo de centros son responsabilidad de la Administración de Justicia y de la sanidad penitenciaria, que -como conocemos o como conocen perfectamente- son competencias que aún no han sido transferidos a la Comunidad, a la Junta de Castilla y León.

En lo referente a las actuaciones a instancia de parte, y sin querer entrar a examinar las once áreas que se recogen en el Informe, pues para realizar adecuadamente este trabajo deberíamos dedicar un Pleno para cada una de las áreas, me voy a... me voy a centrar en cuatro áreas que, sin duda, tienen una importancia sustancial en el ciudadano. Me voy a referir a la movilidad, al tráfico, me voy a referir a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

En primer lugar, y dentro del epígrafe dedicado al tráfico, el Informe dedica una especial atención al problema de los aparcamientos en nuestras ciudades, incluso se llega a recoger en algunos pequeños municipios. El Informe del Procurador del Común recoge literalmente que una de las principales cuestiones que en la actualidad deben afrontar los Ayuntamientos es la de facilitar aparcamiento a la gran cantidad de vehículos que circulan por las vías urbanas. A partir de esta afirmación se concluye que la falta de aparcamientos produce obstrucciones de circulación y aumento del riesgo de producción de accidentes de tráfico.

El Grupo al que represento, y recordando que ayer fue el Día Europeo Sin Coche, creemos -y lo digo a modo de reflexión- que la mejora de la movilidad de nuestras ciudades no se debe ceñir exclusivamente a que los Ayuntamientos faciliten o no más aparcamientos, sino más bien a que se trate que... de conseguir que el coche particular no sea una necesidad y sea simplemente una opción. Y para eso es preciso mejorar los transportes públicos, diseñar ciudades más compactas y, por último, si hace el caso... si hace falta, ampliar el número de plazas de aparcamiento.

En el área de Educación, en la importante área de Educación, se recoge en el Informe ciento diecinueve quejas en el año dos mil dos -ciento diecinueve-, pero sin darnos el dato de cuántas fueron admitidas. Sabemos que hay ciento diecinueve quejas, pero en el último apartado de la estadística no se nos da el dato de cuántas de esas ciento diecinueve fueron admitidas. Aunque si del total de dos mil trescientas diez quejas, se admitieron mil doscientos sesenta y cuatro, podríamos aceptar que de ciento diecinueve quejas en Educación se hayan admitido en torno al 55%, es decir, algo más de sesenta quejas/año; de las cuales, no todas corresponden a Educación, pues el área... en el Informe se completa con Cultura y Deportes.

La reflexión o el comentario que queremos hacer es que se produjeron alrededor de cincuenta quejas al año en materia de Educación, donde trabajan cerca de cuarenta mil empleados públicos, y que solo el número de horas lectivas al año superan los dieciocho millones de horas lectivas al año; es decir, se produjeron dos quejas por cada millón de horas lectivas o una queja y media al año por cada mil empleado público. (Murmullos).

Todos los aquí presentes, todos los aquí presentes estoy seguro que nos gustaría... que nos gustaría que no se produjese ninguna queja; todos los aquí presentes, Señoría, nos gustaría que no se produjese ninguna queja, pero la pregunta que debemos hacernos, sin querer minimizar el número y la importancia de las quejas, es si este número es elevado o es algo absolutamente esperado y normal o, quizás, mínimo dentro del volumen de actuaciones en el que nos movemos en este año. Es la pregunta que nos debemos hacer. Todos nos gustaría que ninguna.

En el Área H, que corresponde a la Sanidad, y en el que básicamente coincidimos al cien por cien con sus apreciaciones, deberíamos hacer una reflexión o un comentario similar a la que hemos hecho en Educación. Las quejas que se han producido en este Área durante el año dos mil dos han sido noventa y cinco. Es el primer año que gestionamos... que la Junta de Castilla y León gestiona la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y las quejas que se han recibido por parte del Procurador han sido noventa y cinco. Tampoco conocemos, de estas noventa y cinco quejas, cuántas fueron admitidas por la Institución. Pero lo que sí que conocemos es que en este sector, que es en la Sanidad, trabajan más de treinta y dos mil empleados públicos, y que el total de actuaciones sanitarias durante el año dos mil dos superan los treinta y cinco millones y medio, treinta y cinco millones y medio. Estamos hablando de una queja por cada millón de actuaciones sanitarias. Señorías, mejor, ninguna; mejor, ninguna. Pero debemos estar todos de acuerdo que es seguramente lo esperado dentro del complejo mundo del sistema sanitario público. (Voy a ir terminando).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Vaya concluyendo.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Por lo que se refiere a la problemática del Departamento dos, relativa a la defensa del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico de Castilla y León, y donde destacan cuestiones como el seguimiento exhaustivo de la problemática de Treviño, del Archivo de Salamanca o la situación general de la inmigración en nuestra Comunidad Autónoma, desde el Grupo al que represento no solo le felicitamos por la importante labor que viene haciendo durante años sobre estos asuntos, sino que le animamos a que siga en esta línea de trabajo, y que continúe como Alto Comisionado de estas Cortes con esta actitud inequívoca en la defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Para finalizar este análisis, resumen del Informe que el Procurador del Común ha presentado esta tarde, me gustaría volver a subrayar -tal y como hice al inicio de mi intervención- el reconocimiento al trabajo de la Institución, la solidez del Informe que hoy hemos debatido, donde queda claro y se refleja con absoluta nitidez la transparencia y la eficacia de las distintas Administraciones, gobernadas por quien las tienen gobernadas, del territorio de Castilla y León. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, Señoría. A continuación, y para contestar a todos los Grupos, tiene la palabra el Procurador del Común, señor García Álvarez.

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Ante todo, gracias a todos quienes han intervenido por las consideraciones que han expuesto y que, sin duda, nos llevarán a reflexionar a mis compañeros de trabajo y a mí. Pero hay también preguntas hechas en concreto por alguno de los Portavoces, a los... a las que quiero contestar ya -gracias-, porque, además, se me ha pedido que contestara ahora.

El señor Otero hacía unas consideraciones al principio sobre si seguíamos siendo la Institución con más bajo presupuesto de España o no; hacía referencia a una manifestación mía de hace dos años. Quiero recordar que yo esa manifestación nunca la hice como lamento, más bien enorgulleciéndome de tener entonces el presupuesto más bajo, nunca como lamento. Quizá, en estos momentos no sigamos teniendo el presupuesto más bajo, porque hay instituciones más recientes que, prácticamente, han empezado a funcionar el año pasado o hace dos años, ¿no? Y no puedo decírselo en estos momentos, sí me comprometo a decírselo en escrito o en el escrito correspondiente cuando encontremos los datos, ¿no? También debo recordarle que el presupuesto de la Institución crece un poco hace un par de años en el capítulo de seguridad.

En cuanto a medios, no quiero insistir sobre la cuestión de la sede. En cuanto al personal, a veces pienso que necesitaríamos algo más. Cuando los ciudadanos dicen, recientemente todavía, unos ciudadanos en Soria que pedían un defensor del mayor, yo suelo contestar, y he escrito artículos al respecto en la prensa, diciendo que no me parece correcta la solución, que, en todo caso, sería mejor fortalecer con un área nueva una Institución que ya existe, que ya tiene su biblioteca, que tiene sus medios, su experiencia, pues, a lo mejor, creando una asesoría más, ¿no?, para esa área concreta. Pero no lo he formulado todavía, no lo he formulado todavía; no sé si llegaré a hacerlo, no sé si llegaré a hacerlo. Desde luego, no lo descarto.

Preguntaba usted también sobre si la reforma de la Ley había servido para algo. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la Ley coloca plazos -como ustedes saben- donde no existían, aclara que la Administración Local está sometida a la supervisión del Procurador del Común en todas aquellas materias que hayan sido objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma. Ya no hay dudas: los Ayuntamientos, y las Diputaciones, y las Mancomunidades, las Entidades Locales Menores -tan numerosas en esta Comunidad Autónoma- no pueden negarse a enviarme información; otra cosa es el hacer caso omiso de las resoluciones; son libres de ejecutar o no lo que yo digo en una resolución.

Y sí se ha notado, sí se ha notado. No se ha notado en una celeridad de las respuestas; hay respuestas que se hacen esperar mucho, más de la cuenta. Debo confesar que actúo con una gran flexibilidad, favorable -en ese sentido- a las Administraciones; pero debo reconocer, y darme golpes de pecho, que en la misma medida no favorece a los administrados, que requieren una solución rápida, ¿no? Pero sí es cierto que, hasta ahora, estamos actuando con... repitiendo los requerimientos, dando un plazo mucho más largo de ese mes del que habla la Ley -lo confieso-.

Y ya que ha sacado usted el tema, también invocando el Código Penal, ¿cómo no? No puedo dejar de invocarlo, Señorías. Y no crean que me gusta que en una Institución que debe basarse, sobre todo, en la autoridad moral, en el convencimiento que logre inculcar a las Administraciones, como consecuencia de los razonamientos jurídicos, tenga que recurrir al Código Penal. Pero lo tengo que hacer, no tengo otra posibilidad, porque, si no, quizá el delincuente sería yo. El Código Penal, en su Artículo 502, párrafo 2, contempla el delito de no colaboración con el Procurador del Común; quiero decir con el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o con las instituciones análogas; como consecuencia, también el Procurador del Común. Y se remite a las penas establecidas en el párrafo anterior. Pero debo decirle que, una vez que invoco el Código Penal -y en pocas ocasiones he tenido que hacerlo, afortunadamente-, los escritos, hasta ahora, están llegando. No con la rapidez que sería de desear, pero acaban llegando.

Por eso les decía en una... en una explicación, en un intento de explicación difícil, del comienzo de mi intervención que ese 23% de quejas de no colaboración no es exactamente eso, porque llegan después del final de año, a veces después de mucho tiempo; pero, hoy por hoy, acaban llegando. Y cuando tenga que acudir al Fiscal, elevando el correspondiente tanto de culpa, ustedes lo sabrán. Pero en ese momento yo creo que hay cantidad de posibilidades de evitar esa solución, que yo creo que es una solución extrema, no propia de un Procurador del Común, entre otras cosas por la intervención de los propios Grupos Políticos a los que pertenecen los que dolosamente se niegan a colaborar con el Procurador del Común, dolosamente, sin duda; porque he enviado varios escritos, porque he hecho un requerimiento, porque invoco el Código Penal, y ni con esas. No se ha producido todavía ese supuesto. Si llegara, ustedes lo sabrán. Pero insisto que no me gusta, no me gusta, no.

Por un lado les digo que no me gusta, por otro lado tengo que hacerlo; no puedo no hacerlo. ¿Cómo voy a hacer caso omiso del ordenamiento jurídico estatal y regional? Porque la Ley que ustedes aprobaron me dice que "enviaré al Fiscal". No me dejan alternativa. La Ley ya en su primera redacción, no la que es objeto de reforma hace un par de años. Ya se ha producido algún caso en el País Vasco, donde el Juez correspondiente ha condenado al Alcalde en cuestión.

Señor Villalba, Señoría, sobre todo me ha hecho consideraciones de cara al futuro, ¿no?, más que plantearme preguntas. Consideraré... consideraremos mis compañeros y yo esa posibilidad de dedicar más tiempo aún a actuar de oficio sobre la cuestión que usted me planteaba. Las quejas por internet, Señoría, están llegando, están llegando; lo que ocurre es que -porque lo dice la Ley- pedimos que después se confirme por escrito, con la firma correspondiente. Pero están llegando. No puedo darle cifras ahora -también se las puedo proporcionar más adelante, si lo desea-, pero están llegando, y cada vez con mayor frecuencia.

En cuanto al Portavoz de... las observaciones hechas por el Portavoz del Grupo Popular, señor De Santiago, ha habido consideraciones, ha habido críticas: que es excesivamente voluminoso el Informe, quizá. Volveremos a intentar... Pero no es fácil, ¿no? No es fácil, porque... ¡Hombre!, un ciudadano no va a ir a leer todo el Informe, va a ir a leer una parte del mismo, una área concreta, ¿no? Y, entonces, eso que va a leer sí es conveniente -yo creo- que esté lo más pormenorizado posible. Además, hoy hay cantidad de posibilidades, con internet y demás, de acudir al mismo y seleccionar qué es lo que se quiere leer. Y, de todos modos, porque tuvimos en cuenta aquellas consideraciones que se nos hicieron en el año que usted recordaba, hemos comenzado a editar el pasado año -fue la primera experiencia-, y vamos a continuar este año, un resumen del Informe, de divulgación. Como les haremos llegar ejemplares del mismo, me harán saber cuál es su opinión al respecto, ¿no? Me imagino que tendrá defectos al principio, pero acabaremos mejorándolo. ¡Hombre!, algunos de los defectos son errores, pequeños errores, ¿no? También el Procurador del Común se equivoca. No pretendo arrogarme el dogma de la infalibilidad, y tampoco en estadísticas; mucho menos en estadísticas. Sí, efectivamente, hay unos errores, ¿no?, pero...

Es cierto, es cierto que, llevado de mi pasión por el tema, de mi preocupación, es mi principal caballo de batalla -quizá no debía tener un caballo de batalla principal, ¿no?, pero lo he dicho tantas veces que no lo puedo negar-, que es la defensa de los enfermos mentales y de sus familias. Pero se lo advertí: "Voy a decir una cosa en el dos mil tres"; no se llamen a engaño, ¿no?, se lo advertí. Pero es cierto, lo reconozco, que se trata de cosas que no debieran haber sido objeto de comentario por mí hoy, y, desde luego, no están en el Informe. Pero, en fin, permítanme ese pequeño pecadillo.

En tráfico, cuando se refiere, señor De Santiago, Su Señoría, a los aparcamientos, también digo... llamo la atención sobre una cosa -aunque no es cuestión de la Junta, sino de los Ayuntamientos-: que a veces se hacen aparcamientos y están medio vacíos, porque las Policías Locales no intervienen y permiten que los coches estén mal aparcados, descaradamente mal aparcados, y los aparcamientos semivacíos, semivacíos. Es algo que se puede comprobar, por ejemplo, fácilmente en León. ¿Por qué no intervienen las Policías Locales en este, como en otros campos? Es una materia en la que no puedo entrar, porque no es una materia claramente transferida -a mi juicio- a la Comunidad Autónoma; si no, ¡vaya si entraría!

Educación. Pide usted un dato que le haré llegar en su momento, en cuanto a las admitidas a trámite, me parece que me decía, ¿no?

Sanidad, lo mismo. Y después nos solicitaba por el departamento dos, cosa que le agradezco.

Y no tengo nada más que añadir, sino, de nuevo, agradecerles a todos ustedes su atención, y recordarles que, desde luego, nos tienen a su disposición, no solamente en estos momentos, a lo largo del año para facilitarles la información sobre nuestro trabajo que estimen oportuno tener, en cualquier momento, en cualquier momento.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias por su Informe, al Procurador del Común. Enhorabuena. Y sin más puntos del Orden del Día, Señorías, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las dieciocho horas cincuenta minutos).